La del niño terrateniente es una historia que seguramente habría escandalizado a la mismísima Casta Divina yucateca de la época de los latifundios porfiristas. En 2012, a los cinco años, Cornelio Aguilar Ortega ya era propietario de 158 hectáreas del municipio de Dzidzantún en Yucatán, donde su padre, Cornelio Aguilar Puc, había sido alcalde de 2004 a 2007 y su madre, Guadalupe Ortega Pacheco, había fungido como representante legal del pequeño en la compra de esa superficie.

Ese niño, ahora de 12 años, es el sobrino de la entonces gobernadora saliente de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Acaso por esa influencia, sus padres no desembolsaron más de cinco mil pesos por el “terrenito”.

Pero esa operación inmobiliaria no es nada si nos atenemos a los señalamientos documentados por organizaciones civiles como Mayaleaks (https://mayaleaks.org.mx/) o Poder Ciudadano 4 de Julio que preside José Luis Sierra, de que Ortega Pacheco salió del gobierno yucateco con mil 800 hectáreas a su nombre y propiedad, apoyada por Pablo Castro Alcocer, quien fuera su jefe en el Registro Agrario Nacional y Consejero Jurídico de su gobierno cuando ella ya estaba en la silla del mandamás yucateco.

Ella asegura en su libro Al viejo sillón que sus propiedades son herencia familiar. Pudientes, entonces, debieron haber sido sus padres y abuelos, lo que contradice el discurso de la cultura del esfuerzo que ha acompañado su carrera política.

Por todo esto llama la atención que la aspirante a dirigir al PRI exija a su contrincante “Alito” Moreno Cárdenas explicar el origen de los recursos con que adquirió su residencia en Campeche. No tiene, por lo dicho, la autoridad moral para exigirlo, aunque el exmandatario esté obligado a transparentarlo de cara a la elección interna del priismo.

El hecho es que la exigencia de Ivonne, más sus reiterados señalamientos de que “Alito” es el candidato de AMLO, marcan la pauta de lo que será el primer debate que sostendrán hoy a las seis de la tarde en la sede del tricolor.

Porque la lista es larga en cuanto a negocios, tráfico de influencias y represión, de acuerdo con Mayaleaks: hospitales abandonados sin concluir, la venta al Grupo Hermes de la familia Hank de un terreno para el Museo del Mundo Maya en 470 millones de pesos, aunque el pago de impuestos se determinó por 780 millones; el pago al grupo empresarial de 240 millones de pesos anuales, durante 24 años, por la operación y administración del museo; la compra a la familia Barbachano de 80 hectáreas valuadas en 50 millones de pesos pero por las que se pagaron 240 millones de los que sólo 150 millones fueron para los propietarios; y la violenta represión contra Poder Ciudadano que protestó el 4 de julio de 2011 por la construcción de un paso deprimido en el emblemático e histórico Paseo Montejo.

La carrera política de Ortega fue impulsada por Carlos Salinas. La hizo diputada y senadora, aunque no ganó la elección y quedó con el escaño de la primera minoría. Su llegada al gobierno de Yucatán fue una concertacesión operada por Juan Camilo Mouriño, primer secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Ambos abandonaron al candidato panista Xavier Abreu Guerra en pago a las maniobras de destacados priistas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, entre otros, para que Calderón pudiera llegar a la Cámara de Diputados para tomar posesión de la Presidencia, el primero de diciembre de 2006.

Verá usted que los nombres de los priistas mencionados en el párrafo anterior son los que aquí hemos identificado como la nomenclatura tricolor. Ese grupo, tras la renuncia de quien fuera su Delfín, José Narro Robles, apoya ahora a Ivonne Ortega. Cambió al caballo por una yegua.