En los pasados días, se ha desatado una ola de violencia en el estado de Querétaro, entre asesinatos y balaceras.
Tal es el caso de la muerte de un empresario que fue sometido por cuatro personas, entre ellas personal de seguridad privada del fraccionamiento “El Mirador” en el Municipio de El Marqués y aún más grave de manos de propios #Ciudadanos, ante tal hecho la Fiscalía General del Estado obtuvo proceso para cuatro implicados en el homicidio de la persona.
Es, pues, un homicidio cometido por autoridades auxiliares cuya responsabilidad no es capturar o someter sino mantener la seguridad; y más triste por ciudadanos que ante la poca o nula intervención de quienes deben aplicar la justicia (ayuntamiento y gobierno estatal) se ven desesperados tratando de defender su territorio, su barrio o viviendas. Este homicidio es de una persona que trató de advertir del daño que se le estaba haciendo físicamente y que hoy afecta no sólo a la familia de la víctima sino también a la de los involucrados que, quizá sin ser la intención, se ven involucrados en un delito que pudo haberse evitado si las autoridades hubiesen hecho su labor, por la cual les pagan: aplicar las leyes y prevenir los delitos.
Tomar justicia por propia mano y la seguridad privada de dicho fraccionamiento me deja claro que los elementos de seguridad no están capacitados y no cuentan con las condiciones para ejercer su trabajo y que ahora dejaron huérfanos a niños de la persona que perdió la vida y a menores indefensos que, gracias a acciones de los ciudadanos para ejercer justicia por su cuenta, tendrán que asumir la responsabilidad.
Nos deja un mal sabor de boca a todos tanto a los ciudadanos y principalmente a los gobernantes, es una alerta para todos y para la ciudadanía que ante la incapacidad de sus autoridades prefiere contratar y ejercer seguridad propia el lugar de quienes se les paga por ejercer el estado de derecho y tiene la obligación de cuidarnos.
Este acontecimiento es una muestra que para el Estado es una alerta de que algo está fallando y de que no se están haciendo bien las cosas ya que es obligación del Municipio y del Estado velar que exista la seguridad en todo momento y no pueden dejar a un lado la responsabilidad, tanto de supervisión de empresas de seguridad, como de aplicación de la prevención y actuación en contra de delitos.
Por ello, es lamentable que en algunos casos inclusive se haya legislado para deshacerse de la responsabilidad que conlleva el Estado para con la seguridad de todos; como la recién aprobada Ley de Casetas y plumas de vigilancia que aprobó la LVIII Le-gislatura con el voto del grupo mayoritario del PAN para otorgar este tipo de concesiones de seguridad a empresas en fraccionamientos.
Finalmente, los ciudadanos quizá en calidad de defender su derecho o quizá defendiendo a su familia, su vivienda y su colonia, intervinieron en el asunto sin conocer a fondo y sin conocer la capacitación adecuada provocando la muerte de un ciudadano.
Ciudadanos y gobierno tenemos que hacer algo, no podemos dejar pasar el tema y en el caso particular del Congreso debemos exigir a la Fiscalía General del Estado que deslinde responsabilidad no sólo de los ciudadanos involucrados, sino de aquellas autoridades que también fallaron en su actuar oportuno u omisión de la ley al permitir que existiese personal de seguridad sin protocolos o capacitación.
Porque hoy dejamos indefensos a muchos, tanto a los menores que perdieron a un padre, como aquellas familias de los ciudadanos involucrados, que quizá defendiendo su derecho, no encontraron una respuesta inmediata de a quien le pagan justamente para ejercer justicia.