Antes que nada, debemos entender de qué se trata la iniciativa, el ‘pin parental’ propone otorgar a las familias control total sobre cómo y cuándo los hijos recibirían educación sexual; dicha iniciativa de ley es inconstitucional porque violenta el interés superior de la niñez establecida en la Constitución Mexicana. El impacto que ésta tendría sobre minorías sociales como menores de edad, víctimas de abuso sexual, mujeres, niñas y la comunidad LGBTQ, sería enorme.

Es muy importante dotar a los niños y jóvenes de los conocimientos y las habilidades que necesitan para tomar decisiones responsables con sus vidas. En México ocurren 366 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años anualmente. El embarazo precoz se califica como de alto riesgo. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres jóvenes de 15 a 19 años a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La educación sexual es clave para reducir estas cifras, pues empodera a los jóvenes a mejorar sus capacidades para la vida con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales, igualdad de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y violencia de género, consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas.

La educación sexual es una poderosa herramienta para prevenir y detectar el abuso sexual infantil; el 30% de los agresores de menores son familiares directos y un 13% adicional son parientes indirectos. La educación sexual es clave, pues no sólo protege de la posibilidad de violencia y abuso sexual, sino también de embarazos infantiles, juveniles o no deseados, como lo mencioné antes.

Con el ‘pin parental’ se abre de igual modo la puerta a la posibilidad de que una familia homofóbica, machista o racista se niegue a que sus hijos reciban información sobre educación sexual, diversidad e interculturalidad y, con esto a su vez, fomentar una crianza basada en el odio, pues los niños crecerían en un ambiente en el que no lograrían comprender la pluralidad sexual que existe, el ‘pin parental’ atenta contra los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.