La detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la justicia en México persigue delitos o persigue adversarios?
No me corresponde juzgar si Ruffo es culpable o inocente. Esa tarea corresponde a los tribunales. Lo que sí corresponde es preguntarnos por qué la velocidad de la justicia parece depender del color de la credencial partidista.
Cuando el acusado pertenece a la oposición, las carpetas avanzan, los operativos se organizan y las conferencias de prensa aparecen de inmediato. Pero cuando los señalamientos apuntan hacia Morena, el tiempo parece detenerse. Los expedientes duermen, las investigaciones se vuelven eternas y las consecuencias políticas simplemente desaparecen.
Ahí está Segalmex, considerado el mayor escándalo de presunta corrupción de las últimas décadas. Ahí siguen los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo. Ahí están los cuestionamientos sobre la llamada Casa Gris y los señalamientos periodísticos contra hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También las acusaciones públicas que han rodeado a gobernadores como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, además de los múltiples señalamientos contra Cuauhtémoc Blanco.
Cada uno merece la presunción de inocencia. Nadie debe ser condenado sin sentencia. Pero precisamente ése es el punto: las denuncias existen, las investigaciones periodísticas abundan, los cuestionamientos públicos son conocidos y la respuesta institucional parece no llegar.
La impunidad no consiste únicamente en dejar libres a los culpables. Comienza cuando el poder decide a quién investigar y a quién proteger.
Morena concentra hoy un poder que ningún partido había tenido en décadas. Controla el Ejecutivo, domina el Congreso y ejerce una enorme influencia política sobre las instituciones encargadas de procurar justicia. Sin contrapesos reales, el riesgo no es sólo el abuso del poder; también desaparece la igualdad ante la ley.
La democracia se erosiona cuando los ciudadanos descubren que existen mexicanos de primera y de segunda frente a la justicia. Unos responden ante un juez; otros únicamente ante su partido.
Ese es el verdadero cáncer del régimen: la percepción de que la militancia se ha convertido en un salvoconducto.
Porque mientras la ley persiga con toda su fuerza a unos y apenas roce a otros, muchos mexicanos seguirán llegando a la misma conclusión: si decides cometer un delito, el mejor refugio será una credencial de Morena.
@PedroPabloTR