La fotografía del sábado pasado en Querétaro tiene dos imágenes completamente distintas.
La primera muestra a más de 6 mil personas recorriendo las calles en la Marcha del Orgullo y la Dignidad más numerosa registrada en la historia del estado. Familias, jóvenes, colectivos y ciudadanos ejerciendo un derecho fundamental: manifestarse, expresarse y hacerse visibles.
La segunda imagen es la de un grupo reducido atacando Palacio de Gobierno, pintando muros y dañando patrimonio público.
El problema es que una fotografía amenaza con borrar a la otra. Eso sería profundamente injusto.
Tanto el Gobierno del Estado como el Comité Organizador coinciden en algo esencial: la marcha transcurrió de manera mayoritariamente pacífica, ordenada y festiva. El gobernador Mauricio Kuri reiteró su respaldo a la libertad de expresión y al derecho de manifestación.
Pero también marcó una línea que cualquier democracia está obligada a defender: la paz pública.
Los propios organizadores fueron igualmente contundentes. Se deslindaron de los actos vandálicos y condenaron cualquier expresión de violencia. Su frase resume el fondo del debate: “La defensa de nuestros derechos no puede construirse desde la agresión”.
Difícil disentir.
Porque cuando una causa legítima permite que la violencia la acompañe, corre el riesgo de que el mensaje desaparezca detrás de los destrozos.
La historia demuestra que los movimientos sociales avanzan cuando convencen a la sociedad, cuando suman simpatías y ganan la batalla de las ideas. La destrucción produce exactamente el efecto contrario.
Por eso resulta relevante que autoridad y organizadores compartan la misma postura: una cosa es la protesta y otra muy distinta el vandalismo. No son sinónimos.
La respuesta institucional ya comenzó. La Fiscalía General del Estado informó que al menos 20 integrantes del llamado bloque negro que participaron en los daños ya fueron identificados mediante evidencia videográfica y trabajos de investigación. De acreditarse su participación, podrían enfrentar consecuencias legales en los próximos días.
Ese dato importa porque la aplicación de la ley protege tanto el derecho a manifestarse como el derecho de la sociedad a preservar su patrimonio común.
Miles de personas marcharon en paz. Un puñado de intolerantes intentó imponer su mensaje mediante la destrucción. En democracia las ideas se defienden con razones, no con martillos, pintura ni ataques al patrimonio de todos.
En una democracia madura caben todas las causas, todas las expresiones y todas las marchas. Lo que no cabe es la destrucción del patrimonio público. Protestar es un derecho. Vandalizar es un delito. Y cuando una minoría cruza esa línea, deja de representar una causa para convertirse en un problema de orden público.
@PedroPabloTR