En Querétaro hay una verdad incómoda que conviene mirar sin romanticismos: el comercio artesanal indígena sí puede convivir con el orden cuando hay reglas claras, acuerdos legítimos y una autoridad que no se achica frente a la presión política. Prueba de ello son 250 artesanas y artesanos, principalmente de Amealco, que trabajan en el Centro Histórico.

Están instalados en el Mercado Artesanal, el Rosalío Solano, el andador Libertad y, temporalmente, en el Jardín Guerrero. Incluso han vendido en el patio de la Secretaría de Gobierno, con acompañamiento institucional que rara vez se reconoce.

Ese modelo funciona porque está construido sobre algo que debería ser obvio: respeto mutuo y reglas iguales para todos. Pero siempre surge quien decide que la ley es opcional. Ese es el caso de Paula, indígena de Amealco, quien insiste en vender en Plaza de Armas —donde nadie lo tiene permitido— por una mezcla de voluntarismo personal y patrocinio político. Los abogados que le tramitan amparos están vinculados a @MorenaQro_Ofic, y la estrategia es tan transparente como gastada: convertir un incumplimiento en “resistencia”.

Mientras más de 200 compañeros respetan horarios, ubicaciones y normas, Paula rompe acuerdos y agrede a inspectores. Su conducta erosiona el orden conquistado y vulnera, paradójicamente, al propio colectivo indígena que dice representar. La pobreza histórica no da derecho a violar la ley; tampoco la identidad indígena debe convertirse en salvoconducto para la impunidad.

Aquí cobra relevancia la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum: diálogo sí, abuso del espacio público no. Su mensaje es categórico: respeto a la dignidad de los pueblos indígenas, pero también respeto a las normas que permiten que el Centro Histórico funcione como espacio seguro y ordenado. En un país donde la victimización se convierte en estrategia electoral, la Presidenta ha marcado línea: la igualdad ante la ley está por encima de cualquier narrativa oportunista.

El riesgo no es una artesana rebelde; es la instrumentalización política de su caso. Cuando la identidad se usa para chantajear y la victimización para lucro electoral, pierde la ciudad, pierde el orden y pierden, sobre todo, los auténticos artesanos que trabajan sin gritarle a la ley.

El verdadero avance social se construye con reglas claras, no con caprichos de la mano morenista que mese la cuna.