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Con seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y apenas un año de Claudia Sheinbaum, el proyecto político de la Cuarta Transformación muestra signos de descomposición acelerada. Morena, el partido hegemónico en el Congreso y en la presidencia, enfrenta una crisis interna, ética, electoral y estratégica que evidencia el desgaste natural del poder, pero también los errores de diseño de un movimiento que no logró institucionalizarse como partido de Estado sin incurrir en los vicios que tanto criticó.
Uno de los golpes más duros a la credibilidad de Morena proviene del escándalo que involucra al exsecretario de Seguridad de Tabasco, en la administración de Adán Augusto López, hoy senador y exsecretario de Gobernación. Las investigaciones federales e internacionales apuntan a una posible red de protección al crimen organizado desde la cúpula de gobierno. Esta bomba estalla justo cuando en EE. UU., “El Chapito”, se convirtió en testigo protegido y está por declarar. Fuentes diplomáticas y de seguridad aseguran que posee una lista con hasta 15 políticos mexicanos presuntamente vinculados al narco, la mayoría de ellos pertenecientes a Morena. Si esas revelaciones se confirman, el golpe a la legitimidad del régimen sería devastador.
A esto se suma el fracaso electoral de Morena en Coahuila en 2023, donde la oposición logró retener la gubernatura con una diferencia de más de 30 puntos (PRI–PAN–PRD 56.4 % contra 21.4 % de Armando Guadiana, candidato de Morena). El descalabro fue atribuido en buena parte a Andy López Beltrán, hijo del presidente y operador político de la campaña, cuya estrategia fue duramente criticada por improvisación, imposición de candidatos y ruptura de alianzas. En lugar de construir coaliciones sólidas, Andy optó por dividir y marginar liderazgos locales, lo que provocó fracturas internas y una baja participación. Su intromisión dejó un precedente alarmante: ni la marca Morena ni el apellido López garantizan ya el triunfo automático.
En el Congreso, la presidenta Sheinbaum tampoco tiene el control absoluto. Sus reformas judiciales, educativas y electorales enfrentan resistencia incluso de sus aliados del PVEM y el PT, lo que evidencia que la coalición oficialista está sostenida por conveniencia, no por cohesión ideológica.
La elección judicial del 1 de junio de 2025, con una participación inferior al 13 % del padrón, demostró el desgaste del entusiasmo popular por los mecanismos promovidos desde Palacio Nacional. Y más aún: la sombra de una regresión autoritaria persiste con la concentración de poder, debilitamiento del INE, ataques al Poder Judicial y promoción de liderazgos personalistas.
A esto se añade un déficit fiscal creciente. La 4T gasta más de 800 mil millones de pesos al año en programas sociales y megaproyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, que triplicaron su costo original, sin rendir los beneficios económicos prometidos. Dos Bocas, por ejemplo, fue anunciada con un costo de 160 mil millones de pesos y ya supera los 400 mil millones. El Tren Maya rebasó los 500 mil millones y sigue en obra, mientras que el AIFA opera con una fracción de su capacidad. Este gasto sin control ha vaciado los fondos de emergencia y acelerado el endeudamiento del país.
Paradójicamente, Morena también está perdiendo el voto cautivo que construyó con esos programas sociales. El electorado beneficiado con transferencias económicas ya no vota con gratitud automática. Muchos reciben el dinero, pero sienten que la seguridad, la salud, el empleo y la justicia se deterioran. La economía informal no se transforma con subsidios, y los jóvenes sin futuro tampoco con becas.
La Cuarta Transformación comienza a pudrirse desde dentro. El desencanto ciudadano, la corrupción tolerada, las derrotas estratégicas, el déficit fiscal y la infiltración del crimen revelan que el proyecto no se transformó: se deformó. Morena dejó de ser el partido del cambio para convertirse en una versión maquillada del viejo régimen. Y el costo histórico podría ser irreversible.
