Hay debates que incomodan. Pero precisamente por eso deben darse. La propuesta del alcalde de Corregidora, Josué Chepe Guerrero, para que menores de 15 años que cometan delitos de alto impacto —homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro— enfrenten consecuencias penales más severas, abrió una discusión que México lleva demasiado tiempo evitando.
Y no debería reducirse a una consigna simplista de “mano dura”.
El problema es mucho más profundo.
México dejó de tener solamente jóvenes en riesgo para empezar a tener adolescentes reclutados por el crimen organizado. Los usan como halcones, cobradores, distribuidores de droga y, cada vez más, como ejecutores de violencia extrema.
El incentivo es perverso: un menor mata igual que un adulto, pero enfrenta sanciones mínimas.
Los números explican por qué el crimen organizado encontró ahí una grieta perfecta. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 el 66.3% de los adolescentes sancionados en México recibió medidas no privativas de libertad. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece sanciones máximas de apenas tres a cinco años, incluso en delitos graves.
Compare eso con un adulto responsable de homicidio doloso, quien puede enfrentar condenas de entre 20 y 50 años de prisión.
Para los cárteles, esa diferencia convierte a muchos menores en piezas criminales de bajo costo y alta utilidad.
Querétaro ya tuvo una advertencia incómoda. El multihomicidio ocurrido en una pelea clandestina de gallos en Valle Dorado, Corregidora, puso sobre la mesa una realidad difícil de ignorar: uno de los señalados como presunto responsable sería menor de edad.
La pregunta es inevitable: ¿debe el Estado responder con sanciones mínimas frente a delitos de enorme impacto social sólo porque quien dispara aún no cumple determinada edad?
Aquí se requiere equilibrio. Nadie sensato propone criminalizar juventudes ni cancelar la reinserción social. Pero tampoco puede aceptarse que la edad se convierta en un escudo perfecto de impunidad aprovechado por organizaciones criminales.
La discusión debe incorporar prevención, apoyo psicológico, fortalecimiento familiar y oportunidades educativas. Pero también consecuencias claras para quienes cruzan la línea de la violencia extrema.
Porque proteger a las familias también significa impedir que el crimen siga reclutando menores para matar.
Una sociedad justa protege a sus jóvenes, sí. Pero también protege a sus víctimas. Póngase del lado de ellas.
X e Instagram: @PedroPabloTRG