Con seis meses de retraso, por fin se dio a conocer el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (Prosedu). Este documento es importante porque consigna el componente explícito de la política educativa del gobierno. Es decir, muestra cuáles son las “creencias de política” que guiarán las acciones de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Asimismo, constituye una base para realizar un seguimiento del desempeño de la administración federal ya que establece metas concretas de acuerdo con cada uno de sus objetivos. Es, pues, un instrumento para la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas.
Es difícil hacer un análisis pormenorizado del Prosedu, sin embargo, para iniciar la discusión quisiera resaltar tres aspectos del documento de política educativa de la 4T.
Primero, a pesar de que en el “Análisis del estado actual” cuestiona –a veces con tino y otras con crudeza– lo que hicieron administraciones pasadas, cinco de sus seis “objetivos prioritarios” vuelven a situarse en los tres ejes que han existido desde hace más de 20 años: equidad, calidad y gestión. Esto no necesariamente es un error –tampoco una novedad– pero ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento y una evaluación sistemática de la política educativa a través de un periodo amplio.
Segundo, más allá de simpatías políticas o inclinaciones ideológicas, es importante que el analista de políticas sepa mostrar qué gobierno democráticamente electo ha sido más eficiente para asegurar una educación de calidad para todas y todos. Este tirito entre diferentes gobiernos es posible porque la 4T ha querido rebasar el enfoque de “igualdad de oportunidades” (consignado en el Prosedu 2007-2012) para suplirlo por el de “derechos”. Esta variación “filosófica” explica por qué el mérito no está en el lenguaje de la 4T como sí está la inclusión (“educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás”). El análisis está pendiente.
Tercero. Mientras el Prosedu 2013-2018 ubicaba la profesionalización docente en el objetivo global de “asegurar la calidad de los aprendizajes y la formación integral”, el documento de la 4T plantea objetivos separados para equidad, calidad (“excelencia”) y desarrollo magisterial. Esto quizás guarda correspondencia con la bandera de “revalorizar” al maestro. Pero, ¿qué lógica tiene esta inconexión entre objetivos? Una cosa es ganarse adeptos prometiendo cortarle la cabeza al que supuestamente mancilla, pero otra es operar programas y dar resultados. Al ser objetivos distintos, calidad educativa y desarrollo docente corren separados y esto es un error. ¿O usted qué opina?
Investigador de la UAQ (FCPyS)
