La rendición de cuentas es, o debería ser, un ejercicio de corresponsabilidad democrática. No se trata de que una autoridad venga a presumir números, sino de que la sociedad, a través de sus representantes, mida el rumbo que lleva una de las instituciones más delicadas del Estado: la que procura justicia. Por eso, el informe de labores de la Fiscalía General del Estado de Querétaro no puede pasar como un trámite administrativo. Es una oportunidad para mirar con honestidad el balance de un año en el que Querétaro, pese a los vientos adversos que soplan en todo el país, sigue siendo una excepción en materia de seguridad y confianza institucional.
Reconocerlo no implica rendir pleitesía ni renunciar al espíritu crítico que caracteriza a la oposición responsable. Implica, simplemente, decir las cosas como son: mientras buena parte del país se debate entre cifras alarmantes de violencia y descomposición, Querétaro mantiene, con dificultades pero con claridad, un estándar que lo distingue. Y en ese esfuerzo, la Fiscalía ha tenido un papel relevante. No el único, pero sí uno que pesa en la balanza. Resulta justo reconocer al fiscal Víctor de Jesús Hernández por su conducción firme y por la modernización institucional que ha impulsado. En tiempos en que muchas fiscalías han sido cooptadas o reducidas a instrumentos políticos, Querétaro ha logrado preservar un espacio técnico y profesional en el ámbito de la procuración de justicia. No es poca cosa. La confianza pública no se decreta: se gana con resultados, con independencia y con compromiso.
Pero sería un error creer que eso basta. El propio fiscal lo ha reconocido en su informe: falta mucho por hacer. Falta avanzar en la atención integral a las víctimas, en la reducción de los tiempos de respuesta, en la profesionalización continua de los ministerios públicos, y sobre todo, en la vinculación ciudadana. Porque de nada sirve tener una fiscalía eficiente si la gente no siente que la justicia le pertenece o le responde.
Querétaro no está exento de delitos, desigualdades ni riesgos. Pero sí ha demostrado que, con instituciones que funcionan y con servidores públicos que asumen su papel, es posible contener la espiral de violencia que tanto lastima al país. No hay magia ni fórmula secreta: hay planeación, coordinación y una apuesta por el Estado de derecho. Desde la oposición, debemos reconocer ese mérito, porque es también el punto de partida para exigir más.
La seguridad y la justicia no son conquistas permanentes: son responsabilidades diarias. De poco serviría mantener un discurso autocomplaciente, porque los desafíos que vienen, el crecimiento urbano, las tensiones sociales, la digitalización del delito, la violencia de género, exigen una fiscalía con más presencia en territorio, con más sensibilidad y con más innovación. En ese sentido, Movimiento Ciudadano asume una posición constructiva: apoyar todo aquello que fortalezca las instituciones, pero también señalar con respeto lo que todavía no funciona como debería.
El Querétaro que queremos no puede depender solo del buen desempeño de una fiscalía. La seguridad es el resultado de un ecosistema de políticas públicas donde la fiscalía investiga, los jueces garantizan justicia, las policías previenen y las comunidades participan. El reto, entonces, es consolidar esa sinergia, blindarla de los vaivenes políticos y sostenerla en el tiempo.
Hay razones para el reconocimiento, sí, pero también para la exigencia. El reconocimiento, porque se ha mantenido un nivel de profesionalismo institucional que contrasta con la degradación de otras entidades. La exigencia, porque ese mismo estándar debe elevarse para responder a nuevas realidades: más comunicación con la sociedad civil, mayor transparencia en los procesos y una justicia con rostro humano, no burocrático.