En una movida que desafía la lógica y el progreso, el reciente Paquete Económico 2026 ha revelado una decisión alarmante: la reducción del presupuesto para dos de los pilares fundamentales de cualquier nación que aspire a un futuro próspero: la salud y la educación.
Más que un simple ajuste fiscal, este recorte es un acto de profunda irracionalidad, un despropósito que sacrifica el bienestar de millones de mexicanos en el altar de prioridades equivocadas. Lejos de ser un acto de “austeridad”, es una transferencia de costos y riesgos del Estado a las familias, un sinsentido que pagaremos caro.
La salud, el derecho más básico y la base de cualquier sociedad funcional, ha sido inexplicablemente golpeada con una reducción del 3.2%. En un país que aún enfrenta los estragos de la pandemia y que arrastra un sistema de salud precario, el recorte propuesto es un golpe bajo. Los hospitales ya luchan contra el desabasto de medicamentos y la falta de personal calificado.
La infraestructura de salud, que se mostró frágil ante la crisis sanitaria global, no puede permitirse más recortes. Al reducir la inversión en salud, el gobierno no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también traslada la carga a los bolsillos de las familias.
Una consulta médica, un medicamento o una cirugía de emergencia se vuelven un lujo inaccesible para la mayoría, obligando a las personas a elegir entre la salud y la supervivencia económica. Esto es un fracaso de la política pública, una abdicación de la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos.
Pero el ataque no se detiene en la salud. La educación, la herramienta más poderosa para romper los ciclos de pobreza y construir un futuro prometedor, también ha sido víctima de este presupuesto miope. En lugar de ser vista como una inversión en el capital humano de la nación, la educación es tratada como un gasto superfluo que se puede recortar. La reducción de fondos impactará directamente en la calidad de la enseñanza, la infraestructura escolar, los programas de actualización para maestros y el acceso a la tecnología.
En un mundo globalizado y competitivo, donde el conocimiento es el motor de la economía, este recorte condena a las futuras generaciones de mexicanos a una posición de desventaja. Se les niega la oportunidad de desarrollar sus talentos, de innovar, de competir y de aspirar a una vida mejor. El sueño de la movilidad social se desvanece, dejando a millones atrapados en el mismo lugar de donde sus padres y abuelos no pudieron salir.
El argumento de la “austeridad” se desmorona cuando se observan las prioridades a las que se destina el dinero que se le quita a la salud y la educación. El presupuesto sigue inyectando sumas multimillonarias a proyectos de infraestructura cuestionables y a empresas paraestatales con pérdidas financieras, mientras que se recorta a los sectores que benefician directamente a la población en general.
Es un claro reflejo de que el gobierno tiene más interés en consolidar un legado político que en construir una nación próspera y equitativa.