En México, la política ha convertido el ingenio en una forma sofisticada de trampa. No se trata de la clásica compra de votos ni del relleno de urnas. Ahora el fraude se disfraza de organización interna, de “defensa” de ideales, de nombres elegantes que suenan a compromiso patriótico. Morena inventó a los coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación. El PAN respondió con los de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. El PRI habló de Defensores de México. Todos, con distinta retórica, hacen lo mismo: adelantan candidaturas, posicionan rostros, gastan recursos y miden popularidad meses antes de que la ley lo permita. Y lo hacen con la tranquilidad de quien cree que la norma es solo un obstáculo para los torpes.
Movimiento Ciudadano ha sido claro al respecto. Presentó quejas ante el Instituto Nacional Electoral porque considera que estas figuras no son meros cargos de organización partidista. Son mecanismos de selección y promoción anticipada. No se denuncia la existencia de una estructura interna —todo partido necesita organizarse—, sino el uso de esa estructura para colocar a determinadas personas frente a la ciudadanía, generar reconocimiento y construir ventaja antes de que arranque formalmente el proceso electoral. Es un fraude a la ley disfrazado de trámite administrativo. Y cuando varios partidos lo practican al mismo tiempo, la inequidad se vuelve sistema.
La pregunta de fondo no es técnica. Es moral. ¿Qué calidad ética tiene alguien que aspira a gobernar un estado o un país y, desde el primer paso, decide que las reglas no le aplican? Gobernar no es solo administrar presupuestos o inaugurar obras. Es, ante todo, dar el ejemplo de que el poder se ejerce dentro de límites. Si un aspirante necesita violar o torcer la norma para llegar, ¿qué garantía ofrece de que, una vez en el cargo, respetará la Constitución, los contrapesos o los derechos de quienes no votaron por él?
La respuesta más honesta es que ofrece ninguna. Quien empieza trampa tiende a normalizar la trampa. La historia reciente de México está llena de ejemplos: gobernantes que llegaron prometiendo transformación y terminaron reproduciendo las mismas prácticas de opacidad, nepotismo o uso partidista de los recursos públicos que criticaban. El problema no es solo de un partido. Es de una cultura política que confunde astucia con inteligencia y que celebra la “viveza” como virtud.
Hay quienes argumentan que todos lo hacen, que así se ha jugado siempre y que quien se niega a participar queda en desventaja. Ese razonamiento es peligroso. Convierte la ilegalidad en obligación estratégica. Si la única forma de competir es saltarse los tiempos legales, entonces el sistema electoral deja de ser un arbitraje y se convierte en una carrera de quién engaña mejor al árbitro. En ese escenario, la ciudadanía pierde dos veces: primero, porque se le niega una contienda equitativa; segundo, porque termina eligiendo entre opciones que ya demostraron desprecio por las reglas.
Movimiento Ciudadano sostiene una postura distinta. Dice, con razón, que no se puede aspirar a gobernar si desde el principio se están violando las normas. No es un discurso de pureza ingenua. Es una afirmación de coherencia. Un partido que se presenta como alternativa no puede reclamar credibilidad mientras imita las artimañas de quienes critica. Respetar los tiempos electorales no es debilidad; es una forma de demostrar que se puede competir sin necesitar trampas. Y esa demostración importa más de lo que parece. Porque la gente no solo vota por propuestas. También vota, aunque a veces de manera inconsciente, por la percepción de integridad.
Claro que la oposición tiene derecho a organizarse, a formar cuadros, a medir preferencias y a fortalecer su estructura territorial. Nadie razonable lo niega. Lo que no es aceptable es que esa organización se convierta en una precampaña permanente, financiada con recursos ordinarios y presentada como ejercicio interno cuando en realidad busca posicionar nombres ante la opinión pública. La diferencia entre una cosa y la otra no es semántica. Es la diferencia entre respetar el marco legal y convertirlo en letra muerta.
México necesita partidos que compitan con fuerza, con ideas y con organización. Pero necesita, sobre todo, dirigentes que entiendan que el poder legítimo nace del cumplimiento de las reglas, no de su elusión creativa. Cuando alguien decide que las normas son opcionales desde el momento en que se postula, está enviando un mensaje inequívoco: el cargo le interesa más que el principio. Y quien pone el cargo por encima del principio rara vez termina sirviendo al ciudadano. Termina sirviéndose de él.
La próxima vez que veamos a un aspirante presentarse como “coordinador” de alguna causa noble, valdría la pena preguntarnos no solo qué propone, sino cómo llegó hasta ahí. Porque la forma de llegar suele anticipar la forma de gobernar. Y un país que tolera el fraude a la ley en la puerta de entrada no debería sorprenderse cuando ese mismo fraude se instala en el despacho principal.