Hay actos políticos que dicen más por su forma que por su contenido, y el mensaje de la presidenta desde el Monumento a la Revolución, replicado simultáneamente en las 32 entidades del país, pertenece a esa categoría. No fue solo un informe, ni un aniversario más en la ya larga tradición de celebraciones oficiales del partido en el poder; fue, sobre todo, una demostración de músculo territorial y de narrativa política en un momento en el que ambas cosas resultan especialmente necesarias.
La decisión de descentralizar el evento, de pasar del Monumento a la Revolución, a las plazas públicas de todo el país, no es menor: transforma un acto simbólico en una operación logística de escala nacional que exhibe capacidad de movilización, disciplina organizativa y control político. Pero también diluye la frontera entre gobierno y partido, una línea que, en teoría, debería ser más nítida.
El contenido del mensaje, por su parte, siguió el guion esperado en cualquier informe: una revisión optimista del estado de las cosas, énfasis en avances económicos y sociales, y una narrativa de continuidad. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el peso desproporcionado que se dio a un tema intangible pero políticamente eficaz: el injerencismo extranjero. No es un recurso nuevo en la historia política, ni de México ni del mundo, pero sí uno que aparece con mayor frecuencia cuando los gobiernos enfrentan tensiones internas que no logran procesar del todo en el terreno doméstico. En ese sentido, el discurso no solo habló hacia afuera, sino, sobre todo, hacia adentro.
La idea de un “enemigo externo” tiene una lógica conocida en la ciencia política: el efecto de cohesión nacional frente a la amenaza. Cuando un liderazgo logra instalar la percepción de riesgo externo, las diferencias internas tienden a atenuarse y la figura del jefe de Estado se fortalece como símbolo de defensa colectiva.
No es casualidad que este recurso haya sido utilizado en contextos tan distintos como la Segunda Guerra Mundial, las tensiones comerciales contemporáneas o los conflictos geopolíticos recientes. Tampoco es casualidad que, en el caso mexicano, el referente implícito sea Estados Unidos.
Ahora bien, eso no significa que la premisa sea completamente artificial. La relación México–Estados Unidos es, por definición, compleja y asimétrica, y existen múltiples precedentes de cooperación judicial, persecución transnacional del delito e incluso presiones políticas indirectas. Casos de exgobernadores procesados, funcionarios de alto nivel enjuiciados o investigaciones binacionales forman parte de una realidad estructural derivada de una frontera compartida y de mercados ilícitos integrados. Pero reconocer esa complejidad es distinto a convertirla en eje central del discurso político interno.
Aquí es donde el contexto importa. Diversas encuestas recientes han mostrado una caída relevante en los niveles de aprobación presidencial, de 15 puntos en promedio. Más allá de las diferencias metodológicas, la consistencia en la tendencia sugiere un desgaste real, probablemente asociado a temas de seguridad, gobernabilidad y percepciones de corrupción.