La votación de la semana pasada sobre el llamado “plan B” de la reforma electoral dejó ver, una vez más, lo que se ha vuelto la enfermedad crónica del Congreso mexicano: la política partidaria como sustituto del pensamiento. El debate se extravió entre consignas y alineamientos automáticos, entre quienes votan a favor porque algo “viene del gobierno” y quienes se oponen por la misma razón. Así, lo que se aprobó o rechazó terminó siendo menos relevante que el color de quien presentó la iniciativa.
El desprestigio del Poder Legislativo no nació del desinterés ciudadano, sino de su propio funcionamiento interno. Desde 1997, cuando ningún partido volvió a tener mayoría calificada en México, el Congreso se dividió en dos naturalezas fijas: el oficialismo y la oposición. Una mitad que aprueba sin leer, por reflejo partidista, y otra que rechaza sin analizar, por reflejo contrario. Es un mecanismo que ha convertido el debate político en mera formalidad. Si el voto de cada legislador ya está predeterminado, ¿qué valor tiene la deliberación?
El caso reciente de la reforma electoral ilustra el problema con claridad. Más allá del ruido, lo que se votó fueron tres medidas concretas: que ningún funcionario electoral gane más que la presidenta de México; que ningún municipio tenga más de 15 regidores; y que se revise y reduzca el gasto en los congresos locales, cuyas estructuras resultan excesivamente costosas. Son propuestas que, en el fondo, atienden preocupaciones legítimas: racionalidad presupuestal y contención del gasto público. Sin embargo, lo que dominó fue el reclamo político.
La oposición, particularmente el PRI y el PAN, acusó traición porque Movimiento Ciudadano acompañó la votación con Morena. El debate se desplazó del contenido al quién: la fidelidad partidista reemplazó el sentido común. La pregunta dejó de ser si las medidas eran convenientes para el país, y pasó a ser si estaban “contaminadas” por venir del partido en el poder. Ese razonamiento, tan frecuente como destructivo, impide cualquier posibilidad de madurez institucional.
Una iniciativa de ley debería evaluarse por tres cosas: su exposición de motivos, el cambio sustantivo que propone y su contenido jurídico. La firma del autor, en realidad, es lo menos importante. Pero en México hemos invertido esa lógica: hoy lo determinante es quién la presenta. Lo demás, se vuelve accesorio. Ese vicio partidista explica por qué la ciudadanía percibe que los diputados no discuten ni construyen, sólo reproducen órdenes. Y cuando eso ocurre, cualquier sistema representativo pierde su sentido original.
La ironía es evidente: si la conducta legislativa puede anticiparse según el color del partido, bastaría un algoritmo que simule cada votación y elimine el trabajo humano. Sería más barato y igual de predecible. Pero la democracia consiste precisamente en lo contrario: en debatir, contrastar ideas y decidir desde el criterio individual, no desde la obediencia automática.
Los congresos existen para corregir los excesos del poder, no para repetirlos en versión facciosa.
Por eso el voto libre y razonado de cada legislador no debería considerarse una excepción, sino una obligación. Cuando un diputado decide acompañar una propuesta útil sin importar quién la firma, no está traicionando su partido, está cumpliendo con su mandato ciudadano.