Hace poco se presentó en Querétaro el caso de una odontóloga pediatra que se excedió de anestesia en su paciente y este falleció. En los titulares se lee: “Detienen a odontóloga por la muerte de un niño a quien administró anestesia”. Hay otro caso similar, luego de que un anestesista aplicara anestesia en un niño y le causara lesiones graves. Como esos hay muchos casos, pero si bien no hablaremos del gremio médico, sí lo haremos sobre la negligencia. Si un médico, a las pocas horas de cometer un error, ya está bajo investigación y casi vinculado a proceso, ¿por qué se permite la negligencia constructora y arquitectónica que puede costar -como va la cuenta de Siria y Turquía- hasta 47 mil vidas?
Tembló nuevamente en Turquía, y digo nuevamente, porque en 1999, tuvieron un sismo terrible, dejó casi 17 mil víctimas mortales. Entonces, ¿qué se creó? Se crearon muchísimos protocolos para la construcción de nuevos edificios, se crearon nuevas reglas para construcción, nuevas leyes y un impuesto especial de terremotos. Este impuesto de terremotos logró recaudar casi 4 mil 600 millones de dólares. Hoy la gente se pregunta: ¿Dónde están los nuevos protocolos para construir? ¿Por qué se cayeron de esa forma todos los edificios? ¿Se construyeron o no con la nueva normatividad? Y sobre todo, ¿dónde está ese fondo? Estamos hablando de casi 100 mil millones de pesos, o sea, dos años de recaudación, casi el presupuesto para el estado de Querétaro. ¿Dónde quedó la nueva legalidad para la construcción? ¿Y en México? ¿Qué se ha hecho con las y los responsables de los decesos tras el sismo de septiembre del 2017?
Ahora se está culpando -y hay investigaciones de por medio- a las constructoras, a los arquitectos, y a quienes no cumplieron con los nuevos estándares de construcción. Se han liberado más de 100 órdenes de aprehensión. Hay gente ya detenida, a otros están persiguiéndoles por todos lados. Hay una cacería para quienes construyeron estos edificios.
Es así como recordamos los sismos del 85, la Ciudad de México y todo el país también implementó nuevas políticas de construcción. Se implementaron nuevos reglamentos y nuevas leyes de construcción para evitar que los edificios se desplomen de esa manera. Volvió a temblar, justamente en 2017 y vimos casos donde se cayeron edificios completos.
Uno en particular que a todas y todos nos conmocionó: el colegio Rébsamen, donde murieron 19 niños y niñas, y 7 adultos.
¿Qué nos falta en la norma, en los protocolos para que esta corrupción que se da desde el gobierno para que puedan construir también sea castigada? No solamente construir, en Querétaro y en todo el país hay lugares que cada que llueve se inunda, desde que inauguraron la colonia y llegó la primera familia a habitarla. ¿Quién no hizo bien su trabajo?
¿Quién dio estos cambios de uso de suelo? ¿De qué calidad son nuestras y nuestros funcionarios?
Nos preguntamos: ¿quién avaló eso? ¿Quién dio permisos de cambio de uso de suelo, de construcción de pisos adicionales, etc.? Ahí es donde si buscamos, seguramente vamos a encontrar culpables. Esos funcionarios que a través de un acto de corrupción, brindan permisos para construir en lugares que se van a inundar.