Cada año, el 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha nos recuerda la imperante necesidad de abordar un flagelo que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a los más vulnerables: las niñas, los niños y adolescentes. La explotación sexual y la trata de personas son crímenes aberrantes que persisten en nuestra sociedad, y es hora de hacer una pausa, reflexionar y reafirmar nuestro compromiso total de luchar contra ellos.

En México, como en muchos otros lugares, enfrentamos un serio problema de delitos sexuales contra menores y trata de personas. Cada año, se reportan miles de casos de explotación sexual infantil, con la triste realidad de que muchas víctimas no se atreven a denunciar, debido al temor, la vergüenza o la falta de confianza en el sistema legal. La impunidad sigue siendo una sombra oscura que se cierne sobre estos delincuentes, con un bajo porcentaje de casos llevados a juicio y condenas efectivas, las cuales no superan el 10%, es decir, 9 de cada 10 abusadores sigue en plena libertad.

En esta lucha, los verdaderos héroes son los sobrevivientes, aquellos valientes individuos que han enfrentado el abuso y la explotación sexual y han encontrado la fortaleza para sanar y reconstruir sus vidas. Sus historias de resiliencia son un recordatorio de la capacidad humana de sanar. Sin embargo, también son un testimonio del largo y difícil camino que enfrentan las víctimas, lleno de cicatrices emocionales y físicas.

Una de las preocupaciones más apremiantes en la lucha contra estos delitos es que, en muchos casos, simplemente se evaporan con el tiempo debido a la prescripción. En un país que se preocupa por la justicia y la protección de sus ciudadanos más jóvenes, ya era hora de abordar esta grave omisión legal y eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores.

La prescripción de los delitos sexuales es un término legal que establece un límite de tiempo dentro del cual un acusado puede ser enjuiciado por un delito. En México, como en muchos otros lugares, los delitos sexuales contra menores estaban sujetos a este límite de tiempo. Esto significaba que, después de un cierto número de años, nueve en este tipo de delitos, los perpetradores podían evitar ser llevados ante la justicia debido a la prescripción.

Hasta que el pasado 14 de septiembre, se reformó el Código Penal Federal. Gracias a dicha reforma, este vacío legal se eliminó, dando paso a combatir la impunidad y brindar justicia a los sobrevivientes de abuso sexual infantil; quienes, a menudo enfrentan dificultades para hablar sobre su experiencia, y puede llevar años, a veces décadas, antes de que se sientan lo suficientemente seguros para hacer la denuncia correspondiente.

Ahora, en Querétaro estamos obligados moralmente a realizar una Reforma al Código Penal local, pues la prescripción de los delitos sexuales contra menores es incoherente con el compromiso de México de proteger a sus ciudadanos más jóvenes. La justicia no debe tener un plazo de caducidad cuando se trata de crímenes tan atroces.

Tal reforma enviaría un mensaje claro de que en Querétaro no se tolerará el abuso sexual infantil, en ninguna circunstancia. También brindaría a las víctimas la oportunidad de buscar justicia en su propio tiempo, cuando estén listas para enfrentar el proceso legal. Esta reforma será una oportunidad para el cambio, en donde el miedo cambie de manos, y ningún perpetrador esté tranquilo.