La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no es un episodio aislado ni un simple cambio de nombres. Es el síntoma más visible de un deterioro que llevamos años advirtiendo: cuando el árbitro deja de ser percibido como imparcial, la democracia se debilita desde su raíz. En Movimiento Ciudadano lo hemos dicho con claridad: un órgano electoral capturado por intereses, opacidades o redes de privilegio deja de ser garantía y se convierte en riesgo.
Durante demasiado tiempo se construyó la idea de que el INE era una de las pocas instituciones que todavía inspiraban confianza. Al lado de la Marina y el Ejército, ocupaba un lugar privilegiado en la percepción ciudadana. Esa confianza no era un regalo. Se ganó con elecciones competitivas, con resultados que, aunque molestaran a unos u otros, eran aceptados porque el proceso se consideraba limpio. Hoy esa posición se ha erosionado. Las encuestas más recientes lo confirman: el INE ya no está en el grupo de las instituciones más confiables. Cayó. Y no cayó por casualidad.
Los escándalos que rodearon la salida de Taddei, contratos cuestionables, aparentes conflictos de interés, opacidad en el manejo de recursos, no son detalles administrativos. Son la materialización de una lógica que corrompe la esencia del árbitro. Cuando quienes deben vigilar la equidad del juego empiezan a jugar con las reglas a su favor, o permiten que otros lo hagan, la ciudadanía deja de creer. Y sin creencia no hay legitimidad. Sin legitimidad, cada elección se convierte en un campo de sospecha permanente.
En Movimiento Ciudadano no defendemos instituciones por inercia ni por nostalgia. Las defendemos porque entendemos que la democracia no se sostiene solo con buenos discursos. Se sostiene con reglas claras, con árbitros independientes y con la certeza de que el voto de cada persona vale lo mismo, sin importar el partido, la región o el nivel de recursos. Un INE contaminado por prácticas de corrupción o por lealtades políticas deja de cumplir esa función. Se convierte en un actor más del conflicto, no en el garante de la contienda.
La necesidad de un árbitro imparcial no es un tema abstracto ni un lujo de tiempos tranquilos. Es una condición básica de la convivencia democrática. Cuando el ciudadano sospecha que el resultado ya está decidido antes de que se abran las urnas, o que las reglas se aplican de manera selectiva, la participación se vuelve un gesto vacío. La gente deja de votar o vota con resentimiento. Y ese resentimiento se acumula hasta que la democracia misma se vuelve frágil.
Lo que viene después de la renuncia es tan importante como la renuncia misma. El proceso de sucesión no puede convertirse en una nueva negociación de cuotas ni en una oportunidad para colocar a alguien afín a un proyecto político. Debe ser un ejercicio de transparencia y de escrutinio público. El Consejo General del INE tiene la responsabilidad inmediata de garantizar la continuidad institucional. La Cámara de Diputados, al final, tendrá que decidir. En ambos momentos la sociedad debe estar atenta. No basta con cambiar de presidente. Hay que restaurar la credibilidad del órgano completo.
Desde Movimiento Ciudadano insistimos en algo simple pero esencial: el INE no le pertenece a ningún gobierno, a ningún partido ni a ninguna corriente. Le pertenece a la ciudadanía. Su autonomía no es un privilegio de los consejeros; es una protección del electorado. Y esa autonomía se defiende con hechos: con contrataciones limpias, con rendición de cuentas real, con independencia frente al poder en turno y frente a los poderes fácticos.
La crisis de confianza que atraviesa el INE no es exclusiva de México. En toda América Latina se observa un desgaste de las instituciones democráticas. Pero esa tendencia regional no nos exime de responsabilidad. Al contrario: nos obliga a actuar con mayor rigor. Si queremos que la democracia mexicana se distinga por su solidez y no por su deterioro, tenemos que empezar por cuidar al árbitro.
No se trata de idealizar al INE del pasado ni de pretender que nunca hubo problemas. Se trata de reconocer que cuando las irregularidades se acumulan y la percepción de parcialidad se instala, el costo lo paga toda la sociedad. Cada sospecha legítima que no se aclara, cada contrato opaco que no se investiga, cada decisión que parece dictada por lealtades y no por criterios técnicos, es un ladrillo más en el muro de desconfianza que se está levantando entre la ciudadanía y sus instituciones.
Por eso hoy no basta con lamentar la renuncia. Hay que exigir que el proceso que sigue sea ejemplar. Que se elija a alguien con trayectoria, independencia y autoridad moral. Que se revisen a fondo las prácticas que llevaron a esta crisis. Y que se restablezca, con hechos y no solo con declaraciones, la idea de que en México el voto se cuenta limpio y se respeta.
La democracia no se defiende solo en las grandes batallas ideológicas. Se defiende también en la administración cotidiana de las instituciones que hacen posible la contienda. Un árbitro imparcial, libre de corrupción y comprometido con la equidad no es un deseo romántico. Es una necesidad práctica. Sin él, el juego deja de ser justo. Y cuando el juego deja de ser justo, tarde o temprano deja de ser aceptado.
Ese es el punto en el que estamos. Y desde Movimiento Ciudadano no vamos a mirar hacia otro lado.