Al terminar el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum me queda la sensación de que escuchamos más un ejercicio de retórica que un balance puntual del estado de la nación. Como suele suceder con estos eventos, los números se presentan como verdades indiscutibles, aunque muchas veces se acomodan para contar la historia que el poder quiere contar. Y es que ningún gobernante se sube a una tribuna para reconocer lo que no ha podido cumplir; todos pintan un país en marcha, aunque la realidad en la calle insista en contradicciones.

El primer rubro del que presumió la presidenta fue el económico: un crecimiento anual del 1.2% del PIB. Algo es algo, se dirá, pero en un país con las dimensiones y las aspiraciones de México, ese “panzazo” sabe más a retroceso que a avance. Se nos prometía hace años un crecimiento de 6 o 7% para callar a los críticos neoliberales, y hoy la realidad nos muestra un motor económico que apenas avanza. El dato luce aún más modesto cuando se recuerda que no hubo crisis global que justificara la lentitud. Y, sin embargo, se aplaude como si fuera un logro histórico.

Algo similar ocurre con la cifra de creación de 1.3 millones de empleos formales durante este año. El dato arranca aplausos, claro, pero esconde una trampa: la mayoría de esos “nuevos empleos” no nacieron de nuevas inversiones o de empresas innovadoras, sino de un cambio normativo que obligó a incorporar al régimen del Seguro Social a repartidores de plataformas y a otros trabajadores que ya existían en la economía, pero en la informalidad. ¿Es valioso que ahora tengan acceso a prestaciones? Sin duda. ¿Es correcto presentarlo como generación neta de empleos? Ahí es donde los números empiezan a coquetear con el maquillaje. Esas distorsiones minan la credibilidad de los informes, porque los ciudadanos perciben cuando la realidad se estira demasiado para encajar en un discurso.

El tema de la seguridad, como siempre, no podía faltar. La presidenta destacó un descenso del 25% en homicidios dolosos, cifra que de confirmarse sería notable. Pero el aplauso se enfría cuando uno observa que las desapariciones han crecido un 75%. Nadie quiere pensar mal, pero resulta inevitable preguntarse si parte de esa baja en homicidios no se explica porque los casos se están registrando bajo otra categoría, más silenciosa y dolorosa.

En México, donde la justicia camina con muletas, una desaparición puede ser una condena aún más cruel que un asesinato, porque deja a las familias atrapadas entre la incertidumbre y la impotencia. Aun así, es justo reconocer un cambio en la actitud oficial: este gobierno ya no niega la existencia de problemas como el narcotráfico o la producción de fentanilo. A diferencia del sexenio pasado, en que se insistía en que no se fabricaba droga sintética en el país, hoy se reconoce y se presumen decomisos y desmantelamientos de narcolaboratorios.

Es un avance que el poder no esconda la realidad bajo la alfombra, aunque todavía falta demostrar que este reconocimiento se traduzca en una estrategia sostenida y eficaz contra el crimen organizado. Pero si en lo económico y en la seguridad los números invitan a la cautela, lo que más llamó la atención fue el tono legislativo del informe.

Cuarenta leyes secundarias y 19 reformas constitucionales fueron enunciadas como logros propios, aunque la mayoría corresponden al sexenio anterior y a la aplanadora parlamentaria heredada de López Obrador. Por momentos, parecía que escuchábamos a una legisladora celebrando productividades de comisión y no a la jefa del Ejecutivo informando sobre la administración del país.

Sheinbaum busca inaugurar un sexenio sin lastres, con el relato de que los cimientos ya están puestos y que el futuro inmediato será el verdadero terreno de evaluación.