Hay momentos en la historia de un país que no sólo se cuentan: se sienten, se respiran en el aire, se cargan en la mirada y en el silencio de quienes han perdido casi todo. Las inundaciones que hoy golpean a México no son una nota más en la prensa, no son cifras frías ni comunicados oficiales: son rostros mojados, manos vacías y recuerdos flotando en el agua junto a muebles destrozados.
Desde Querétaro, con el corazón puesto en nuestras amigas y amigos de la Sierra, miramos también hacia Veracruz, Hidalgo, Puebla, Jalisco y San Luis Potosí, donde las lluvias arrancaron casas, caminos y vidas. Los muertos y desaparecidos son la estadística más cruel; los incomunicados, los que no tienen agua potable, comida o medicinas, son la urgencia que no admite demora.
En Querétaro, las imágenes son igual de duras: caminos cortados, comunidades aisladas y, lamentablemente, una vida perdida.
La respuesta oficial ha tenido aciertos, y uno de ellos es la activación inmediata del Plan DN-III, que moviliza al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional y a las policías de todos niveles. Igualmente, la visita de la Presidenta de la República merece reconocimiento. Era su obligación moral estar presente, y hoy lo ha hecho: en la Sierra queretana, con las familias, escuchando y prometiendo ayuda. Cuando un jefe de Estado se presenta en el epicentro de un desastre, no se trata solo de imagen: es un mensaje de que el país no olvida a quienes sufren.
Pero la presencia y la voluntad no alcanzan. Se necesita cartera, recursos tangibles que reconstruyan caminos y restablezcan infraestructura básica. Y ahí choca la realidad con la burocracia.
La desaparición del Fonden en 2021, bajo la lógica de terminar con fideicomisos acusados de corrupción, quitó un mecanismo que permitía activar recursos millonarios de forma inmediata ante desastres naturales. Con el Fonden, en menos de 10 días podían liberarse más de seis mil millones de pesos para atender estas emergencias.
Hoy, el proceso es más lento y engorroso: requiere dictámenes, censos, verificaciones físicas en zonas donde, paradójicamente, el acceso está cortado. El Congreso debe reasignar presupuesto, y esas discusiones requieren semanas o meses. Pero el agua, el hambre y la recuperación de una casa arrancada de cuajo no esperan.
La tragedia no se mide sólo en metros de agua ni en kilómetros de caminos dañados: se mide en la incertidumbre de quienes se levantaron un día y descubrieron que su sala, su cocina, su ropa y su cama ya no existen. Se mide en familias enteras viviendo bajo un techo prestado, en niños que lloran porque el ruido de la tormenta les recuerda que la montaña de su pueblo se derrumbó sobre la casa de sus tíos. Y frente a eso, el Estado debe tener un mecanismo que actúe “ayer” y no “en un mes”.
Reasignar presupuesto es necesario, pero la eliminación del Fonden dejó un vacío para reaccionar con la inmediatez que estas tragedias demandan. Es fácil decir que el Fonden se eliminó “para combatir la corrupción”, y puede que hubiera irregularidades. Pero con esa misma lógica se desmanteló la herramienta más efectiva para responder a desastres sin que la ayuda se atasque en el laberinto burocrático.