En el arranque de 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, Estados Unidos desató una ofensiva sin precedentes contra los cárteles mexicanos, no como un vecino solidario, sino como una superpotencia cansada de promesas vacías. El 20 de enero, la Orden Ejecutiva 14157 clasificó a grupos como el de Sinaloa y el CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, allanando el camino a sanciones financieras, bloqueos y, en última instancia, posibles intervenciones militares.
Fue el primer mazazo: los cárteles ya no eran simples delincuentes, sino enemigos en una guerra declarada. México, lidiando con la transición a la presidencia de Claudia Sheinbaum, sintió el impacto en febrero con aranceles del 25% sobre sus exportaciones, justificados por Trump como emergencia nacional ante el fentanilo que segó decenas de miles de vidas estadounidenses. Pam Bondi, fiscal General, lanzó su memorando del 5 de febrero exigiendo la “eliminación total” de estas redes transnacionales, y el 27 de ese mes México extraditó a 29 capos, un gesto que Washington aplaudió como triunfo, pero que expuso la fragilidad: ¿por qué ceder tanto bajo presión?
La escalada no cedió. En marzo, Trump retumbó ante el Congreso que “los cárteles libran guerra contra América”, mientras Pete Hegseth, Secretario de Guerra, advertía en privado a funcionarios mexicanos que “todas las opciones están sobre la mesa”. Tulsi Gabbard elevó el fentanilo a amenaza prioritaria, con 54 mil muertes a cuestas, y el Tesoro sancionó al CJNG por lavado y robo de combustible. Las respuestas mexicanas (extradiciones, Guardia Nacional en fronteras) parecían gestos insuficientes. Trump lo dejó claro en su carta del 11 de julio: “insuficientes”. Kristi Noem, al mando de Seguridad Nacional, denunció en octubre cono los carteles ofrecían recompensas de 10 mil dólares por agentes de inmigración, retratando a México como un suelo donde los narcos mandan sin freno.
¿Progreso real? Decomisos récord y precursores químicos detenidos rumbo a Sinaloa suenan bien, pero Marco Rubio insistía en septiembre que la mera interdicción no alcanza: hay que “volarlos en pedazos”. Esta presión es cálculo puro. Las etiquetas de terroristas activan arsenal letal: drones, fuerzas especiales, inteligencia a cuentagotas. JD Vance lo respaldaba en enero de 2026: México es el epicentro del fentanilo, y aranceles o cierres fronterizos serán la norma hasta “resultados tangibles”. Las mesas de octubre con Bondi, Noem y Trump hablaban de “destruir la infraestructura” narco, más allá de la mera defensa.
México ha cedido terreno (más extradiciones, colaboración financiera con visitas como la de John Hurley del Tesoro), pero siempre a remolque. El 15 de diciembre, Trump catalogó el fentanilo como “arma de destrucción masiva”, y en enero de 2026 las amenazas tocaron suelo: “Vamos a empezar a golpear tierra firme”, prometió en Fox, aludiendo a operaciones en labs mexicanos, incluso con CIA o Delta Force si Sheinbaum no actúa primero.
¿Por qué fallan las acciones de la 4T? Porque son reactivas y tibias. La Guardia Nacional retrocede en Michoacán, los laboratorios clandestinos resurgen sin cesar y los precursores chinos fluyen por puertos impunes.