¿Cómo evitar que Sinaloa se vuelva la plantilla de la derrota?
Desde hace más de un año, la paz fue arrancada de golpe y, en lugar de un antes y un después, apareció una larga sala de espera donde la violencia es menos estruendosa pero igual de presente.
El problema no es solo que caiga un capo, sino que cada captura, cada muerte, parece arrancar la tapa de un hormiguero: los pistoleros se reordenan, los herederos se disputan el trono, las facciones reclaman su pedazo de territorio.
El monstruo no muere, se reproduce. La pregunta, entonces, no es si hay que tumbar al líder, eso es indispensable, sino cómo hacerlo sin condenar a los inocentes a pagar la factura con años de zozobra, balas perdidas y toques de queda de facto.
Durante décadas, la estrategia ha sido casi siempre la misma: cortar la cabeza y esperar que el cuerpo se desplome. Pero los cárteles mexicanos dejaron de ser hace tiempo estructuras piramidales simples; son redes, franquicias, alianzas fluidas.
Cuando el Estado se concentra en “el objetivo prioritario”, deja a la sombra todo lo demás: los mandos medios que van a pelear por la sucesión, los flujos de dinero que seguirán financiando armas, la protección política y policial que asegura impunidad.
El resultado es una especie de terremoto controlado en la cúpula y descontrolado en la base. Si queremos evitar que se repita lo de Sinaloa, el primer cambio es abandonar la fantasía de que abatir o capturar al jefe, por sí solo, ordena el mapa criminal.
La caída de un líder no puede ser un punto de llegada, tiene que ser el punto medio de una estrategia más larga. Antes del golpe, debería haber ya un trabajo fino de inteligencia para identificar quiénes ocuparán los espacios que queden vacíos, qué células son más proclives a radicalizar la violencia, qué rutas y plazas son más vulnerables a convertirse en campos de batalla.
No se trata de negociar con los herederos, sino de no actuar a ciegas: si sabes que un cártel es un monstruo de mil cabezas, el Estado no puede darse el lujo de golpear una sin haber mapeado las demás. El operativo contra el capo tendría que ir acompañado, casi en sincronía, de detenciones selectivas de mandos medios, congelamiento masivo de cuentas, decomisos coordinados y presencia territorial reforzada justo donde el vacío de poder va a sentirse con más fuerza.
Pero incluso con una estrategia más integral en términos de fuerza, el dilema de fondo sigue ahí: mientras haya comunidades enteras cuya economía depende, directa o indirectamente, del dinero del narco, cualquier reacomodo criminal será una guerra sobre sus cabezas.
Durante años, en Sinaloa y en tantos otros estados, el poder del cártel no fue solo el de las armas, sino el de la nómina: gente que cobra por ser halcón, por sembrar para el patrón, por callar cuando ve pasar las camionetas.
Para que la caída de un líder no sea una condena a la población, se necesita, aunque suene a cliché, una política económica específica de poscriminalidad: programas de empleo, crédito y desarrollo que no lleguen cinco años después, sino desde el día siguiente, cuando el miedo está más vivo y el reclutamiento forzado es más fácil.
La seguridad no es solo la ausencia de balas, es también la presencia de alternativas. Si en las semanas posteriores a la captura de un capo la única presencia visible del Estado son soldados y marinos, el mensaje que reciben los habitantes es claro: el gobierno viene a combatir, no a quedarse.
El vacío que deja el líder no se llena solo con operativos; se llena con escuelas funcionando, clínicas abiertas, oficinas públicas que tramitan cosas básicas, caminos reparados, proyectos productivos que no dependan de la bendición del cártel. Cuando la gente percibe que el Estado está de paso, se refugia en el actor que sí se queda: aunque ese actor sea un grupo armado.
Al final, evitar que Jalisco se vuelva otro Sinaloa no es prometer que no habrá violencia –eso sería mentira–, sino reducir al máximo la capacidad del crimen de convertir cada descabezamiento en una guerra civil local.
Eso exige un Estado que planifique más allá del titular, que no se conforme con la foto del capo esposado o abatido, que se atreva a intervenir también en los flujos de dinero, en las estructuras de complicidad y en las condiciones sociales que alimentan al monstruo.
Un Estado que, al derribar una cabeza, ya esté sujetando las otras, no a través de pactos inconfesables, sino de presencia democrática: instituciones que funcionan, justicia que castiga, economía legal que compite. Solo así la caída del líder dejará de ser el inicio de una pesadilla para los inocentes y empezará a ser, de verdad, el primer paso hacia una tranquilidad que no pueda ser arrebatada de la noche a la mañana.