La detención de Nicolás Maduro, mediante una incursión militar estadounidense en suelo venezolano es uno de esos hechos que parecen romper la frontera entre el mito y la política internacional.

El hombre que durante más de una década gobernó Venezuela a través de represión, propaganda y hambre, cayó no en manos de su pueblo ni de un tribunal regional, sino frente al aparato de justicia del país que durante décadas se ha autoproclamado guardián de la libertad mundial.

Hay algo simbólicamente poderoso en esa imagen: el dictador latinoamericano enfrentando, por fin, las consecuencias de sus crímenes. Pero, bajo la emotividad que despierta el espectáculo del castigo, conviene detenernos un instante. Esta detención plantea preguntas más profundas sobre la función del derecho internacional y sobre a quién pertenece, en realidad, el poder de juzgar.

Hoy más que nunca debemos insistir en el respeto al Estado de derecho y en la construcción de instituciones por encima de caudillos, y tenemos que ver este episodio no desde la simpatía hacia Maduro, nadie en su sano juicio podría defender el colapso de Venezuela bajo la consigna de este dictador.

Lo debemos ver desde la defensa de un principio mayor: el derecho internacional nació para que ningún país, por poderoso que sea, pudiera asumir el papel de juez universal. Si el derecho internacional sirve de algo, es porque pone límites precisamente a los imperios que deciden unilateralmente quién merece justicia y quién merece castigo.

En ese equilibrio incómodo, pero necesario, reside buena parte de la esperanza en un orden global más justo.La paradoja es evidente. Estados Unidos detiene a un dictador latinoamericano en nombre de causas legítimas: narcotráfico, crímenes financieros, violaciones de derechos humanos. Sin embargo, lo hace a partir de su jurisdicción interna, no de una orden emanada de una corte internacional.

Es decir: la decisión es suya, la acción es suya, la justicia también. En apariencia se castiga al criminal; en el fondo, se impone otra vez la ley del más fuerte. Y ahí es donde la reflexión se vuelve incómoda. El impulso moral de celebrar la caída de Maduro no debería eclipsar la inquietud de que un país, incluso con las mejores intenciones declaradas, actúe fuera del marco colectivo que tanto ha costado construir.

El derecho internacional, esa red de convenios, cortes y tratados que a menudo parece frágil e impotente, tiene una misión fundamental: impedir que el poder se ejerza sin contrapesos. No se diseñó para proteger a los dictadores, sino para que la justicia no dependa del tamaño del ejército o del PIB de un país.

Aceptar que la intervención de una sola nación, por más avanzada o democrática que sea, puede sustituir la obra lenta de la justicia multilateral es abrir la puerta a un futuro donde los pequeños vuelven a estar a merced de los grandes.

Hoy el acusado es un tirano despreciable; mañana podría ser cualquier gobierno que desafíe un interés económico o político de la potencia de turno.

Desde México, debemos plantear una visión de política exterior moderna, progresista y basada en los derechos humanos, por lo que esta detención permite reivindicar una postura clara: la defensa de los valores universales debe pasar siempre por mecanismos universales.

La integridad ética de un país no se mide por cuántos dictadores enfrenta, sino por el modo en que defiende las reglas que garantizan que ningún otro pueblo viva bajo el dominio del miedo o el capricho.

Y eso vale tanto para los regímenes autoritarios como para las potencias que creen tener licencia moral para imponer su justicia en cualquier latitud.

El verdadero desafío del siglo XXI no consiste solo en castigar a los culpables de crímenes internacionales, sino en hacerlo sin destruir el marco de convivencia que impide nuevos abusos. La justicia no puede convertirse en un espectáculo ni en un botín diplomático. Necesita credibilidad.

Y la credibilidad, en el escenario global, depende del respeto mutuo, de la soberanía compartida y de una convicción elemental: ningún país debe estar por encima de la ley, ni siquiera cuando actúa en nombre de ella.

Maduro merece rendir cuentas, sí. Pero también merece rendir cuentas el sistema que permitió su impunidad durante años, mientras las potencias comerciaban con su petróleo o utilizaban a Venezuela como campo de batalla ideológico.

Si el derecho internacional ha de servir para algo, debe servir para equilibrar esa hipocresía.

Hoy, ni aplauso al dictador ni sumisión al imperio; solo la defensa de un orden que proteja a los vulnerables del poder sin límites, venga éste de Caracas o de Washington.

Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que la ley del más fuerte no desaparece cuando cambia de bandera. Se disfraza de justicia. Y ahí empieza el riesgo más antiguo de todos: creer que el poder, alguna vez, puede ser inocente.