La historia suele cobrar factura con retraso, pero cuando llega lo hace sin matices. Las recientes revelaciones sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, no solo reconfiguran la narrativa de uno de los episodios más delicados del combate al narcotráfico en la región; colocan al gobierno mexicano en una encrucijada política y diplomática de proporciones mayores.
Lo que en 2024 sorprendió a todos, al mismo tiempo que era envuelto en la niebla de la conveniencia bilateral, hoy adquiere contornos mucho más definidos: el FBI no solo estuvo involucrado, sino que lideró una operación sofisticada, encubierta y ejecutada con precisión quirúrgica, un engaño cuidadosamente orquestado.
El problema no es únicamente lo que ocurrió, sino lo que se dijo que no ocurrió. La contradicción entre las declaraciones del entonces embajador gringo, Ken Salazar, quien negó participación estadounidense en territorio mexicano, y la admisión posterior del FBI, deja una grieta de credibilidad difícil de ignorar. Esa grieta no se queda en el terreno diplomático; se traslada directamente al centro del discurso político interno.
A casi dos años de lo sucedido, la afirmación de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dejando claro que “alguien mintió”, no es solo una frase de coyuntura, es un reconocimiento implícito de que el gobierno mexicano se enfrenta a una narrativa que no controla.
Y ahí radica el verdadero predicamento. Si el gobierno de México decide escalar el conflicto y asumir que hubo una violación a la soberanía nacional, que la hubo, eso no se discute, el costo no es menor.
No se trata únicamente de un diferendo diplomático, ni siquiera es que solo se quede en el maniqueísmo de “defender delincuentes”: ocurre en un momento de alta sensibilidad en la relación bilateral, con el T-MEC bajo tensiones crecientes y con Washington observando con lupa los compromisos de seguridad y Estado de derecho. Romper o endurecer la relación implicaría riesgos económicos tangibles en un entorno ya de por sí incierto.
Pero el otro camino tampoco es políticamente cómodo. Minimizar el episodio o aceptar tácitamente la versión estadounidense abre un flanco interno devastador: proyecta debilidad institucional y, peor aún, alimenta la narrativa de que el Estado mexicano fue marginado en una operación clave dentro de su propio territorio. En un contexto donde ya pesan acusaciones de vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, incluyendo figuras de alto nivel como el gobernador Rocha Moya y el senador Insunza, la percepción pública se vuelve combustible político de alto octanaje.
Así, el gobierno de Morena se encuentra contra la espada y la pared. Si defiende con firmeza la soberanía, corre el riesgo de tensionar la relación con su principal socio comercial en un momento inoportuno. Si opta por la prudencia o el silencio, se expone a ser percibido como omiso o, en el peor de los casos, complaciente. En ambos escenarios, el costo es alto y el margen de maniobra, limitado.
Lo más incómodo es que este dilema no surgió de la nada. Tiene origen, narrativa y consecuencias. La política de seguridad que se sintetizó en la frase “abrazos, no balazos” no fue solo un eslogan; se convirtió en un eje discursivo que condicionó decisiones, prioridades y percepciones. El Estado cedió, al menos parcialmente, la iniciativa. Y cuando un Estado cede la iniciativa en materia de seguridad, otros actores, internos o externos, la toman.
La operación que hoy sale a la luz parece ser precisamente eso: el llenado de un vacío. Un espacio donde la acción no ocurrió de un lado, y por lo tanto ocurrió del otro. No se trata de justificar intervenciones unilaterales ni de normalizar la extraterritorialidad operativa de los gringos, sino de entender que la política pública tiene efectos acumulativos. Las decisiones discursivas también generan realidades operativas.
Morena enfrenta ahora las consecuencias de haber apostado por una narrativa que, en su momento, resultó políticamente rentable, pero estratégicamente riesgosa. Porque cuando el discurso choca con la realidad, el margen de control se reduce al mínimo. Y en política, perder el control de la narrativa suele ser el primer paso para perder el control de la agenda.
La pregunta de fondo no es solo quién mintió, sino quién tiene hoy la capacidad de sostener una versión creíble frente a la ciudadanía y frente a los socios internacionales. Porque en este caso, más que una operación encubierta, lo que está en juego es la credibilidad del Estado mexicano. Y esa, a diferencia de un avión con matrícula clonada, no puede modificarse sin dejar rastro.