La deuda pública de México acaba de cruzar una frontera que debería alarmarnos a todos: más de 19 billones de pesos. En apenas un año creció en más de un billón. Esa cifra ya equivale a la mitad de todo lo que produce el país en doce meses. No es un número abstracto que se queda en los reportes de Hacienda. Es una hipoteca que pagaremos nosotros, nuestros hijos y quienes todavía no nacen.
Detrás de ese crecimiento descontrolado no hay un accidente ni una crisis externa inevitable. Hay una forma de gobernar. Morena ha convertido el presupuesto en una máquina de comprar lealtades y financiar sueños faraónicos que no se sostienen. El gasto clientelar se disparó sin criterio: programas que se anuncian como “derechos” pero operan como herramientas electorales, transferencias que se multiplican en años de comicios y se justifican con discursos de justicia social mientras las cuentas públicas se debilitan. El dinero no se invierte; se reparte. Y cuando se reparte sin control, se agota.
Al mismo tiempo, se han destinando recursos enormes a obras que prometían transformar el país y terminaron transformando solo el tamaño del agujero fiscal como el tren Interoceánico. Refinerías que cuestan el doble de lo presupuestado y producen menos de lo anunciado. Trenes que atraviesan selvas y presupuestos sin terminar de demostrar su rentabilidad. Aeropuertos construidos a contracorriente de la lógica económica. Cada uno de esos proyectos se presentó como símbolo de soberanía y modernidad. Hoy son recordatorios de que la grandeza no se improvisa con deuda.
La consecuencia es sencilla: cada peso que se gasta en mantener esa maquinaria clientelar o en rescatar un proyecto fallido como el AIFA es un peso que no llega a hospitales, a escuelas, a infraestructura útil o a la seguridad de las familias. Y como el gasto supera consistentemente los ingresos reales, la diferencia se cubre con más deuda. Así se llega a 19 billones. Así se llega a que la mitad del producto interno bruto del país esté comprometida.
Algunos dirán que la deuda sigue siendo “manejable” porque aún conserva el grado de inversión. Esa es una frase tranquilizadora que sirve mientras los mercados toleran. Pero la sostenibilidad no se mide solo por la calificación de las agencias. Se mide por la capacidad de un país de crecer lo suficiente para pagar lo que debe sin asfixiar a su población. México ha estado creciendo por debajo de su potencial durante años. Cuando la deuda aumenta más rápido que la economía, el margen se estrecha. Los intereses empiezan a competir con el gasto social. Las opciones futuras se reducen.
En Querétaro conocemos otra forma de hacer las cosas. Aquí se ha demostrado que es posible atraer inversión, generar empleo formal y mantener finanzas ordenadas sin convertir el presupuesto en un botín político. La disciplina no es austeridad cruel; es la condición para que el desarrollo sea real y no solo un discurso. Un estado que gasta con responsabilidad puede ofrecer mejores servicios, mejores oportunidades y mayor certeza a quien quiere invertir o trabajar. Ese contraste no es casual. Es el resultado de decisiones distintas.
La deuda de 19 billones no es solo un problema contable. Es la factura de una visión de poder que prioriza la permanencia sobre la prosperidad. Que confunde generosidad con despilfarro. Que confunde obras monumentales con progreso. Mientras esa lógica continúe, el país seguirá hipotecando su futuro para financiar el presente político de unos cuantos.
Es momento de decirlo con claridad: México no puede seguir caminando sobre una montaña creciente de deuda mientras se celebra el gasto como si fuera virtud. La verdadera responsabilidad social empieza por no dejar a las siguientes generaciones una carga imposible de pagar. Empieza por gastar con criterio, invertir con sentido y dejar de usar el erario como instrumento de control electoral.
La cifra ya está sobre la mesa. Diecinueve billones. La mitad del PIB. Un billón más en un solo año. Ahora corresponde decidir si seguimos mirando hacia otro lado o si exigimos un cambio de rumbo antes de que la factura se vuelva impagable.