En el tejido de la democracia, los hilos que componen el equilibrio de poderes son fundamentales para garantizar que ninguna instancia tenga un dominio absoluto sobre las decisiones del Estado. Sin embargo, las recientes propuestas de casi una veintena de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que destacan la de reformar el Poder Judicial y eliminar organismos autónomos, representan un serio atentado contra el sistema de pesos y contrapesos, poniendo en riesgo la integridad de nuestra Constitución y el sistema democrático que tanto hemos luchado por construir.
La esencia misma de la democracia radica en la existencia de contrapesos efectivos que limiten el poder de cualquier entidad gubernamental. La eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debilitaría gravemente la capacidad de fiscalización y control sobre el ejercicio del poder, abriendo la puerta a posibles abusos y corrupción.
En el caso específico de la propuesta de reforma judicial, resulta alarmante observar cómo se pretende desmantelar uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Es importante recordar que la actual estructura del Poder Judicial, que garantiza la independencia y autonomía de los jueces y magistrados, fue resultado de una profunda reforma iniciada en 1994, impulsada por el PRI como parte del proceso de transición hacia la democracia. Esta reforma tuvo como objetivo primordial dotar al Poder Judicial de los contrapesos necesarios para frenar los abusos del poder presidencial y garantizar el respeto irrestricto a la Constitución.
Sin embargo, la propuesta de AMLO va en sentido contrario a este principio democrático. Al buscar reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y limitar su periodo en el cargo, se está debilitando la independencia del Poder Judicial y concentrando un mayor control en manos del Ejecutivo. Esto constituye un grave retroceso en la consolidación de un Estado de derecho sólido y confiable.
Resulta irónico recordar cómo en 2017, AMLO y los movimientos de izquierda se alzaron en contra del nombramiento del Procurador General de la Republica en el penúltimo año del gobierno de Enrique Peña Nieto, denunciando la posible influencia política del gobierno en esta figura clave para la procuración de justicia. Hoy, sin embargo, esos mismos actores políticos parecen olvidar sus principios al proponer una reforma que debilitaría la autonomía del Poder Judicial y abriría la puerta a posibles injerencias del Poder Ejecutivo en la impartición de justicia.
Cosa que ya han hecho, pues uno de los requisitos para formar parte de las fiscalías y el Poder Judicial es ser políticamente imparcial, apartidista y sin lealtades políticas; pero para Morena, y el presidente López Obrador esto no importa, y hoy, la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, no había dejado el cargo cuando ya era invitada por el presidente a ser candidata de su partido al Senado. O el descaro del exministro Arturo Zaldívar...
