En política y en la vida pública hay una regla que debería ser sagrada: no basta con hacer las cosas bien; hay que hacerlas de tal manera que nadie pueda dudar de que se hicieron bien. Cuando una institución, por más prestigiosa que sea, decide cambiar un mecanismo que funcionaba y que generaba certeza, no solo arriesga el resultado: arriesga la confianza. Y la confianza, una vez rota, cuesta años reconstruir.
Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con el examen de admisión de la UNAM. Durante décadas el modelo presencial, con sus controles físicos, sus supervisores humanos y su logística imperfecta pero transparente, fue aceptado por generaciones de jóvenes. Nadie lo cuestionó de forma seria. Ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia, cuando el país entero se detuvo y las universidades improvisaron clases a distancia, la UNAM decidió mantener el examen de ingreso en su formato tradicional. Hubo sanitización, horarios escalonados, cubrebocas y distancias, pero el principio se conservó: el aspirante se presentaba, se identificaba frente a alguien, resolvía el cuadernillo y entregaba su hoja. Funcionaba. Generaba legítimos ganadores y legítimos perdedores. Nadie podía alegar que una cámara de 360 grados o un algoritmo de inteligencia artificial había fallado.
Entonces, ¿por qué descomponerlo? ¿Por qué, en 2026, cuando ya no había emergencia sanitaria que lo justificara, se decidió trasladar a más de 158 mil jóvenes a una plataforma digital supervisada por inteligencia artificial y contratada a una empresa privada? La respuesta oficial habla de modernización, de eficiencia, de ampliar el acceso. Suena bien. Pero el resultado está a la vista: anomalías estadísticas, puntajes perfectos que se multiplicaron de forma inexplicable, denuncias de trampas, suspensión de inscripciones, una comisión técnica de emergencia, renuncia de la secretaria general y, finalmente, la decisión de volver a examinar presencialmente a casi 60 mil aspirantes. Es decir, después de gastar tiempo, dinero y reputación, la universidad se vio obligada a regresar, parcialmente, al método que nunca debió abandonar.
Aquí está la lección profunda. Hay decisiones que, aunque nacen con buenas intenciones, terminan pareciendo malas porque se toman sin necesidad y sin medir el costo de la sospecha. Cuando algo funciona y no está cuestionado, cambiarlo no es progreso: es experimentación con el patrimonio de confianza de una institución. La UNAM no necesitaba demostrar que podía ser digital. Necesitaba seguir siendo confiable. Al priorizar la novedad sobre la solidez, abrió la puerta a la duda. Y una vez que la duda entra, ya no importa cuántas comisiones técnicas se instalen: el daño está hecho.
Este episodio debería servir de advertencia para cualquier gobierno, incluido el de Querétaro.
La verdadera modernidad consiste en proteger lo que ya funciona y en cambiar únicamente aquello cuya falla es evidente e innegable.
La política seria no consiste en demostrar que se puede transformar todo. Consiste en demostrar que se sabe cuándo no conviene tocar lo que sostiene la confianza colectiva. Porque cuando se descompone lo que no estaba roto, lo que se pierde no es solo un procedimiento: es la fe de la gente en que las reglas son estables y los resultados, justos. Esa fe, una vez perdida, se recupera con extrema dificultad.
Por eso insisto: no hagamos cosas que, aunque puedan parecer buenas en el papel, terminen pareciendo malas en la realidad. La apariencia de integridad no es un detalle menor. Es parte sustancial de la integridad misma. En un momento en que la desconfianza hacia las instituciones es moneda corriente, quien aspire a gobernar tiene la obligación de no contribuir a alimentarla. Mejor prevenir la sospecha que dedicarse después a desmentirla. Porque la sospecha, una vez instalada, rara vez se va del todo.