Con la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de reponer el procedimiento de elección del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado, responsabilidad que actualmente ocupa el doctor Miguel Nava Alvarado, nuevamente queda en entredicho el tan llevado y traído Estado de Derecho, diseñado supuestamente para salvaguardar el orden, la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, por encima de intereses políticos, económicos, y sin distinción de raza o religión.
Aclaro de antemano que al doctor Miguel Nava Alvarado, quien entre otras responsabilidades, se ha desempeñado como director general de tres visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como primer coordinador para la promoción y protección de los derechos humanos del estado y como Consejero Legal para la Unión Europea y Suiza, de manera personal o como representante de la organización social a la que pertenezco, ni le debo, ni me debe favores como para salir, por esta razón, en su defensa.
Tampoco es mi interés, pues no me corresponde, calificar de malo o de bueno su desempeño al frente de la importante responsabilidad, consistente en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de generar mecanismos para prevenir y conocer de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad municipal o estatal que violen los derechos de los ciudadanos, pues mi opinión obedece solamente a la violación, que a mi juicio se está cometiendo contra los derechos del doctor Nava Alvarado.
Fue del dominio público que por unanimidad los integrantes de la 56 legislatura del estado, nombraron al doctor Nava Alvarado como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el periodo del 12 de febrero de 2012 al 11 de febrero de 2017, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, con el voto de los 25 diputados presentes en la sesión de pleno celebrada en el Congreso del Estado.
Pero, ahora resulta que, según se dio a conocer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), éste notificó a la 57 Legislatura estatal la determinación de reponer el proceso de elección del titular de la Defensoría de Derechos Humanos (DDH) en la entidad porque el propio pleno del Tribunal Superior de Justicia y la Legislatura local y no el doctor Nava Guerrero, violaron los derechos del ciudadano César Pérez Guzmán por lo que en la próxima reunión de la Junta de Concertación Política se determinará el procedimiento de reposición, según lo dio a conocer el legislador Guillermo Vega Guerrero.
Dicha resolución, aunque parezca increíble, fue emitida luego de que el aspirante al mismo cargo César Pérez Guzmán, interpusiera una demanda después de un mes de realizada la elección y de interponer un recurso de reclamación, el 16 de mayo, —cuatro meses después—, es decir, totalmente fuera del plazo establecido por la propia ley, por considerar que fue discriminado al no tomársele en cuenta durante el proceso de selección al cargo de ombudsman por rebasar la edad permitida, pues la convocatoria establecía como requisito para concursar tener máximo 60 años de edad, y él contaba con 67 al momento de la elección.
Esto no es más que la confirmación de que detrás de estas chicanas legales hay intereses perversos de importantes actores que lo que menos les interesa son los derechos del pueblo mexicano. Y siendo así, ¿qué sentido tiene que los mexicanos gastemos cientos y miles de millones de pesos en mantener a los diputados, supuestos encargados de crear y reformar las leyes para modernizar el Estado de Derecho, si finalmente quienes tienen el poder se encargan de usarlas en su beneficio personal?.
Si esto hacen con el defensor de los derechos humanos en el estado, ¿qué nos espera a los ciudadanos comunes que no tenemos quien nos defienda?
Dirigente en Querétaro del Movimiento Antorcha Campesina