No hay plazo que no se cumpla. Un extranjero con ínfulas animalistas, auspiciado por la diputada Claudia Gayou y secundado por dos o tres adoradoras de perritos, lograron echar abajo la corrida de toros programada para el próximo viernes en Juriquilla.

Vale la pena detenernos a hablar de lo que implica cancelar una corrida de toros.

Pérdidas operativas.

La suspensión obliga a la devolución íntegra del costo de los boletos a los aficionados. A ello se suman los gastos de producción no recuperables: renta de la plaza, honorarios y anticipos de los toreros, traslado y manutención de los toros, logística, personal, promoción y publicidad. Dinero ya invertido que no vuelve.

Impacto económico.

El sector taurino genera en México un impacto aproximado de 400 millones de dólares anuales y sostiene miles de empleos directos e indirectos. Cada cancelación pone en riesgo esa cadena productiva: ganaderos, transportistas, veterinarios, monosabios, músicos, restauranteros y comerciantes, por mencionar solo algunos.

Y eso es apenas una parte del problema. Los toros ya están pagados, los toreros contratados y adelantados, todo estaba listo. Pero basta que un “animalero” siga dando lata, invirtiendo en falacias y torciendo la ley a su conveniencia, para que todo se venga abajo. Hoy, la ley parece favorecer al extranjero y desamparar a los mexicanos.

Esta ola, tarde o temprano iba a llegar a Querétaro. Nadie se tomó el tiempo de blindar la fiesta, nadie quiso defenderla, y la consecuencia está a la vista.

Ojalá esta columna quede sin efecto y que, de hoy al viernes, se logre revertir la cancelación. Pero seamos francos: por los tiempos, luce complicado. Esta película ya la vimos.

Hoy se escribe con enojo. Pero, en el fondo, quizá esta sea la puya que las y los taurinos nos merecemos: para dejar de lamentarnos, dejar de confiar en que “no pasará nada”, y empezar —por fin— a actuar.