La cancelación de la corrida del 15 de septiembre en Provincia Juriquilla deja una pregunta que va mucho más allá de la Fiesta Brava: ¿qué está pasando con la certeza jurídica en Querétaro?
Si, como señala la empresa, un juez de amparo terminó imponiendo condiciones que modifican en los hechos el desarrollo de una corrida, su actuación debe ser revisada. Si hubo un exceso en sus atribuciones, Provincia Juriquilla no debería limitarse a denunciarlo en un comunicado: debe combatirlo legalmente y sentar un precedente.
Pero también hay que decirlo: la empresa pudo hacer mucho más.
Resulta irresponsable esperar hasta que llegue un amparo para reaccionar, cuando desde hace tiempo existen sectores que buscan modificar o impedir la tauromaquia en Querétaro. Hay aficionados, ganaderos, profesionales y abogados que trabajan para fortalecer jurídicamente esta tradición y que pudieron ser escuchados antes de llegar a esta crisis.
La defensa de la Fiesta no puede ser reactiva. Hace falta estrategia, diálogo con autoridades, revisión de reglamentos y, quizá, nuevos asesores jurídicos. A veces bajar el ego y pedir ayuda no es debilidad; es responsabilidad
Y el Municipio también debe explicar. ¿Para qué otorgar un permiso si días después termina solicitando cancelar el evento? ¿Qué cambió? ¿Se exploraron todas las alternativas?
Y queda la pregunta más incómoda: ¿por qué en San Juan del Río sí se realizan corridas y en la capital no?
Si la tauromaquia está regulada y permitida, ¿por qué existen criterios tan distintos? ¿Es un asunto jurídico, administrativo o simplemente de voluntad política?
La cancelación debe servir como llamada de atención. La Fiesta Brava no se defiende cuando llega el problema; se defiende mucho antes, en los reglamentos, en los tribunales y ante las autoridades.
Porque si en San Juan del Río sí se puede, alguien tendrá que explicar por qué en Querétaro no.