Recién, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) presentó un documento en el que se señala que en México existen indicios fundados de que se cometen crímenes de lesa humanidad, entre ellos, desapariciones forzadas. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado con recelo y ha manifestado su inconformidad. ¿Cómo impacta este reporte de las Naciones Unidas al gobierno mexicano?
El CED ha concluido en que existen fundamentos de que en nuestro país se comenten crímenes de lesa humanidad, como pueden ser las desapariciones forzadas que tanto hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la reacción de Sheinbaum no ha sido sorpresiva. Además de rechazar los hallazgos del documento de las Naciones Unidas, lo ha criticado, apuntando básicamente que en él se presenta una serie de incoherencias —como lo es la misma definición de “desaparición forzada”— que provocan que el producto carezca de legitimidad.
Además, señaló que las conclusiones del reporte no impactan en las administraciones de la 4T, puesto que sólo incluye el periodo de 2009 a 2017, es decir, un año antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder en México. Por si no fuera poco, se atrevió a apuntar que el informe era parcial, puesto que sólo tomaba en consideración a Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz, cuatro de las 32 entidades federativas del país.
Sobra por mucho la defensa de la mandataria mexicana, pero era de esperarse su comportamiento. Es bien sabido que el gobierno actual, así como su antecesor, no recibe ninguna información externa con buenos ojos, sino al contrario, mantiene mucho recelo de lo que se diga dentro y fuera de México en torno del gobierno federal morenista. Más que aceptar la realidad, la Presidenta transita por las veredas de la indiferencia y la negación.
Si bien el reporte no abarca los años del gobierno morenista, y sólo incluye cuatro de los 32 estados del país, muestra un panorama delicado que no puede obviarse y que tanto la pasada administración federal, como la actual, no han atendido: la inseguridad. Por ello, es comodino el comportamiento de la mandataria, puesto que se refugia ante la muy delgada carpa del periodo que abarca el reporte para no asumir la responsabilidad de la actualidad de México.
Al igual que debió pasar con López Obrador, pero siempre huyó de tal responsabilidad, la actual mandataria debe asumir los problemas de México aunque no hayan correspondido a su periodo o del de su mentor. Cuando se convirtió en Presidenta, asumió los derechos de su cargo, pero también las responsabilidades de representar a toda una nación, y eso significa mejorar las condiciones del país sin importar que su gobierno o sus aliados hayan causado los problemas.
Por ende, el panorama de las desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad que dicta el reporte de la CED es una tarea clara e impostergable que debe atender con prontitud la actual administración. No puede escudarse ante ninguna excusa. Si no quiere asumir el compromiso de mejorar la situación del país, existe una figura que le permite abandonar su cargo en el gobierno; a ver si con eso se anima a modificar la estrategia de seguridad.
