En las últimas semanas se han presentado una serie de protestas en varias partes del globo. Dos casos de sumo interés son los de Francia y España, que evidencian algunos temas que llevan muchos años en el debate público, pero ningún gobierno lo ha logrado solucionar. ¿Qué ha sucedido y qué impactos trae estos eventos en el gobierno de su respectivo país?
Por un lado, en Francia, el detonante es la escuela. La movilización de estudiantes principalmente universitarios comenzó a mediados de septiembre contra las condiciones de enseñanza. Sus demandas incluyen más recursos, reemplazo de docentes ausentes, menos alumnos por aula y mejor infraestructura. Por otro lado, en España, el detonante es el techo. La crisis estalló con el desalojo de Maricarmen, una mujer octogenaria expulsada de la vivienda de Madrid donde había vivido más de siete décadas.
En ambos casos hubo un momento en que la vía institucional pareció cerrarse. El Congreso español rechazó los decretos de vivienda del Gobierno, incluida la prohibición de desahucios a personas vulnerables, con 178 votos en contra frente a 172 a favor. Días después, aparecieron movilizaciones en toda España y ganaba peso el llamamiento a una huelga general. En Francia, la respuesta oficial fue ambivalente, con una mezcla entre promesas y mano dura, sin que una u otra fórmula tuviera éxito en medio del convulsivo escenario.
Debemos recordar que las protestas no suelen originarse porque sí, sino de la sensación de que votar y esperar la acción del gobierno ya no es suficiente. Quien se manifiesta en las calles lo hace porque las cámaras y los parlamentos no escuchan. Es la reacción que se da ante la falta de respuestas por parte de las administraciones de los países. Tampoco es casual que las movilizaciones se encuentren con otras. En Francia, la protesta estudiantil confluye con sindicatos y sectores de izquierda frente a las medidas del presupuesto de 2027, y en España la huelga general aparece en el horizonte. Así, se nota claramente que el descontento en varias capas de la sociedad.
También las protestas tienen sus costos. En Barcelona, la protesta del 5 de octubre derivó en contenedores en llamas y enfrentamientos con la policía, y en Francia el Ministerio de Educación contó 65 miembros del personal y 170 estudiantes heridos. La violencia de una minoría eclipsa a la mayoría pacífica y entrega a los gobiernos la excusa perfecta para hablar de orden y no de vivienda o de escuelas. En este contexto, conviene mucho observar el panorama completo y conocer la legitimidad de los movimientos, a pesar de situaciones satelitales que puedan ocurrir.
Finalmente, es importante señalar que la enseñanza de fondo puede resultar incómoda para los poderes de turno. El descontento no se disuelve con comunicados, ni con comités de crisis, ni con culpar a un partido de oposición. Se disuelve con respuestas correctas que a la gente le pueda beneficiar, como un docente que llega al trabajo, un alquiler que no se incrementa exponencialmente, o un desalojo que no ocurre. En Francia, pareciera que el gobierno se encuentra monolítico, mientras que España ha respondido adelantando elecciones, una forma quizá legítima de devolver la palabra a las urnas. Falta ver si las urnas, a diferencia de los decretos, producirán algo que los manifestantes noten en su casa.
Niels Rosas Valdez
Historiador e internacionalista
@NielsRosasV (X)