El oficialismo morenista multiplica escándalos, y no basta el discurso de “soberanía nacional”, pues ha fracasado en su intento por borrar acusaciones contra Adán Augusto; ofrecimientos de información de seguridad de la gobernadora Marina del Pilar, a agencias norteamericanas; graves señalamientos en contra “Andy” López Obrador ni presuntos vínculos con el crimen organizado de Rocha Moya –además de otros funcionarios, legisladores y gobernadores guindas-, quien pasó de ser uno de los lopezobradoristas más protegidos (desde aquel “es mi hermano,” de AMLO –quien lo impuso-, hasta el efímero “¡No estás solo, no estás solo!”), a ser considerado poco confiable, luego de que –sin avisar a Sheinbaum- regresó a su cargo, aunque fuera por unas horas, para volverse a ir.
Este inesperado capítulo -posiblemente concertado con el Jefe Máximo de la 4t- sacudió al morenismo, y su protección quedó en entredicho al aparecer condicionada a su nueva petición de licencia, convertida hoy en un adiós sin retorno.
Desobedeció y se fue por la libre. Asumió la defensa oficialista –como lo confirma su discurso-, y no fue entregado allá ni aquí; aunque para él –probablemente-se trató de una medida de seguridad –para mantener el fuero- dado que, también, se estaba venciendo el plazo de la licencia-; luego de la reciente detención de Fausto Corrales –dos años después de los hechos-, testigo clave en el asesinato del ex rector de la UAS y dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén, y el secuestro de “El Mayo” Zambada –el 25 julio de 2024-, hechos en los que se vincula a Rocha Moya de distintas maneras. La importancia de Corrales radica en que él se encontraba, en tiempo y lugar, en la reunión a la que también acudiría Rocha Moya, según aseguró “El Mayo”. Asimismo, como se recordará, resultó falsa la versión de la Fiscalía de Sinaloa, de que Cuén Ojeda –abierto enemigo del ahora gobernador con licencia -fuera asesinado en una gasolinera luego de un intento de asalto.
Hay complicados malabares presidenciales que oscilan entre proteger a Rocha Moya –como defensa a la soberanía nacional (sic)-; mencionar que hay investigaciones en curso (en México); solicitar pruebas (ante las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York); asegurar que el ahora “apestado” no le avisó y que ella no quiere hablar con él; hasta indicar que “es lo mejor para Sinaloa” que haya pedido una nueva licencia al cargo de gobernador. ¿Entonces?
Prevalece el afán por conservar el poder, y controlar –como sea- las próximas elecciones en dicha entidad. Impusieron a Graciela Domínguez Nava, ex titular de Educación Pública y Cultura, como gobernadora interina. Y, de candidata, viene Imelda Castro, quien también ha compartido trayectoria con Rocha Díaz y el senador Inzunza.
La FGR no lo acusa, aunque permanecen las imputaciones de autoridades estadounidenses, como vínculos con el crimen organizado, por citar alguno. El castigo se debe, única y exclusivamente, a su desobediencia. Este morenista, como otros, hoy continúa impune.