En México ocurre así: el 10 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral inició formalmente el proceso electoral federal 2016-2027, que, como sabemos, inició tiempo atrás.
Sí, acompañada por la secretaria de Gobernación -mala señal de imparcialidad y autonomía, pues no acontecía desde hace 30 años-, la Consejera Presidenta funcional al oficialismo morenista, Guadalupe Taddei, dijo que el INE está listo, a pesar de que un día antes renunciara la Secretaría Ejecutiva, y designara a un encargado de despacho. Esto, luego de que el INE aprobara la integración de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que sólo será interlocutora entre partidos políticos -verdaderos responsables- e instancias de seguridad competentes.
Hubo expresiones agudas, como la del consejero Arturo Castillo en cuanto a que “el INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones”; recordó campañas adelantadas y subrayó: “México podría llegar el 6 de junio de 2027 con votos contados, pero con resultados cuestionados”. También denunció nombramientos sin el consentimiento del Consejo General, despidos de más de 800 personas y obstáculos para acceder a información interna. Es sabido el interés de Taddei por incluir morenistas en la estructura.
Se elegirán alrededor de 20 mil cargos, pues habrá elecciones federales y también locales en las 32 entidades federativas. Esto incluye 500 diputaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de gubernaturas en 17 entidades.
Sheinbaum, proclive a su rol partidista sobre su responsabilidad como titular del Ejecutivo -obligada a gobernar para todos-, sorpresivamente dijo: “el odio hay que eliminarlo de la política. Las campañas de odio no ayudan al país, tiene que ser una campaña de propuestas”. Esto, a pesar de descalificar a críticos y competidores; y, junto con Morena, impulsar polarización, según el legado del demagogo de Macuspana.
Este INE -de Taddei y su grupo-, llega cuestionado por decisiones proclives al oficialismo, como estas que quitan controles y generan desconfianza: lo ilógico de que los Consejos Distritales determinen si se computan o no “boletas planchadas” (que no tengan doblez -imposible de entrar, por tamaño, en una urna- y que sólo evidencian fraude); la eliminación del requisito que observadores electorales no se hayan desempeñado como Servidores de la Nación (operadores de programas del gobierno federal, cercanos al morenismo); y la falta de lineamientos vigentes e inacción frente al proselitismo y campañas adelantadas. Y, del colonizado Tribunal Electoral, ni qué decir.
Además, de maniobras electoreras en torno a programas gubernamentales (como la del secretario de Educación, Mario Delgado, y la senadora morenista Malú Micher), y actos anticipados impunes -como los de Andy-, tolerados por el sesgado árbitro electoral de la interesada Taddei.
Asimismo, debido a que “México está perdiendo su democracia”-por hechos lamentables-, surgió la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional 2026-2027.