Conviene insistir en que popularidad no es sinónimo de verdad, honestidad o justicia, ni tampoco de buen gobierno —la historia lo demuestra—; sobre todo cuando, precisamente, el oficialismo morenista busca posicionar en la agenda pública su presunta eficiencia, de acuerdo con encuestas que le favorecen, acompañada con aderezos demagógicos, y no necesariamente con resultados comprobables.

La popularidad, obtenida a través de distintos medios —como los llamados programas sociales—, no puede ocultar corrupción ni impunidad —incluida la interna, y menos ahora que se desborda—; ni la creciente visibilidad vinculada con desmanes de compañeros partidistas y colaboradores o cómplices.

Aunque es lógico que todo gobierno busque popularidad positiva, ello no puede convertirse en el factor político único y absoluto ni cortina de humo para manipular y evitar el conocimiento amplio de fenómenos políticos, particularmente los democráticos.

Luego de los repetidos señalamientos de corrupción lopezobradorista —que incluye la de este sexenio— donde ha quedado claro que eso de no mentir, no robar y no traicionar fue tan sólo otro de los muchos cuentos del demagogo de Macuspana —al que Sheinbaum llamó “hombre íntegro” (sic)—; se quiere usar la popularidad para encubrir y/o disimular el cochinero interno. Sin embargo, la desconfianza es tan grande —junto con presiones que coinciden— que ha complicado la treta.

Se recuerda, por ejemplo, el pronunciamiento de López Obrador de que el escandaloso desvío de miles de millones de pesos en Segalmex —a cargo de su amigo— era “el único caso de corrupción” de su sexenio, y no habría impunidad. Otra mentira más. Los temas de corrupción aumentan e incluyen, claro, los de huachicol y huachicol fiscal.

La popularidad presidencial no ha impedido que se relacione a personajes cercanos con actividades delictivas, incluso con grupos criminales.

Hay tensión: se exige justicia y responden que no habrá impunidad; vuelven a pedir justicia y replican que investigarán; reclaman justicia y objetan que no hay pruebas (se exhiben y no las consideran); en fin, que la justicia no llega. Se duda, justificadamente, que llegue porque los señalados tienen que ver con la 4T, con quienes siguen operando, como Adán Augusto López. ¿Será, como afirma el periodista Ciro Gómez Leyva, que “la 4t no se investiga a sí misma”?

Viajes, propiedades y gastos excesivos de algunos que dicen no ser iguales, verdaderas celebridades de la contradicción oficialista y símbolos de corrupción —independientemente de presuntos nexos criminales—, no se esquivan con otras puestas en escena.

La verdadera transformación, la de morenistas en nuevos ricos —fortunas inexplicables de quienes nunca fueron franciscanos—, revelan su falsedad, a pesar de la imagen pública que propagan dentro del pacto de impunidad que perdura.

Así la realidad publicada, a pesar de la popularidad presidencial que no debe ser licencia para antidemocracia, encubrimiento y simulación.

Consultor. Doctor en Comunicación, y en Ciencias Políticas y Sociales.