Como nos tiene acostumbrados cuando impera la división de poderes, López Obrador exhibe su carácter antidemocrático —con rabieta pública incluida—, a la vez que descalifica y amenaza desde su falso castillo de la pureza, donde todo crítico es corrupto menos él, sus familiares y protegidos.

Embiste a cualquiera que enfrente su tendencia autoritaria de concentración de poder, misma que tiende a superar las facultades meta constitucionales del peor priismo que conocimos. Por eso, no es novedad que ahora arremeta contra el poder judicial.

La razón es conocida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le propinó un importante revés al declarar la inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B. Como se recordará, esta trampa antidemocrática había sido impulsada por

López Obrador y apoyada por Morena y sus satélites (partido Verde y Partido del Trabajo).

A pesar de haber echado toda la maquinaria oficial y oficiosa encima de la Suprema Corte, resultó que se reconocieron las violaciones e incumplimientos del proceso legislativo.

El proyecto que elaboró el ministro Alberto Pérez Dayán tuvo el respaldo de nueve ministros, por lo que prevaleció la invalidez de las leyes que se habían aprobaron.

Del grupo obradorista, sorprendió el voto a favor del ministro Arturo Zaldívar —conocido por su sumisión—, quien expresó: “Me parece que sí existen violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera determinante la deliberación democrática de las normas”. Las otras dos ministras de este equipo son la reconocida morenista Loretta Ortiz y la presunta plagiaria Yasmín Esquivel, esta última defendida públicamente por el Presidente de la república.

Actuando como si el Poder Ejecutivo estuviera sobre los otros dos, y desechando cualquier límite y control, López Obrador fortalece su presidencialismo y golpea al poder judicial. Y no se trata de defender a este poder —o al otro—, sino de destacar el motivo por el cual lo desprestigia: porque no acata su voluntad que considera única norma de verdad, más allá de la ley , la Constitución, y cualquier argumentación que no sea la suya.

Así pues, ante lo que considera una insubordinación, el tabasqueño ha activado a sus huestes para golpear y difamar a la ministra Norma Piña. Él mismo se burló de un premio que recibió la titular del poder judicial por parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés). Dijo: “esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo”, debido a que en ese lugar se obtienen documentos falsos.

Habría que preguntarse si ahí consiguió su título Yasmín Esquivel, la ministra que protege y que ha sido un escándalo de corrupción. Como se sabe, ella es esposa del empresario José María Riobóo, amigo y contratista de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Pero, aún más, si se compara la trayectoria académica de la ministra con la del presidente, conviene recordar que este último —según se sabe— tardó 14 años en titularse. Quizás esto explique algunas de sus predisposiciones negativas respecto a especialistas y expertos.

El nuevo berrinche presidencial es consecuencia de una visión antidemocrática y autoritaria, personalizada en la figura de López Obrador quien considera que su palabra es la ley y debe ser obedecida porque, de lo contrario, cualquiera que disienta merece sanción social y exhibición pública. Todo esto desde baños de pureza, a pesar de su inocultable realidad.