La nueva farsa montada desde la presidencia de la república tiene como propósito la toma del Poder Judicial para consolidar así su monopolio, por lo que recuerda aquella frase de Madame Roland: “¡Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”, misma que podríamos aprovechar como “¡Oh democracia, cuántos atropellos se cometen en tu nombre!”.

Hace unos meses el ministro Luis María Aguilar había advertido: “Si no hay Suprema Corte independiente, que haga respetar la Constitución, por lo tanto, los derechos humanos —que eso es lo realmente importante—, esto está acabado, entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable porque sería una sola persona la que decidiera todo”.

La reforma judicial propuesta por el lopezobradorismo no busca acabar con corrupción ni procurar justicia, sino ganar más poder a través de la captura del sistema judicial donde la aplicación de la ley y la búsqueda de la justicia, evidentemente, no son las prioridades. Lo que realmente se quiere son jueces a modo, dependientes y al servicio de la llamada 4T.

Sobre esta verdadera intencionalidad ya hemos tenido muchos casos, entre ellos la ahora exfiscal carnal de la Ciudad de México; la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el sonado caso de la ministra Lenia Batres, por citar sólo algunos.

Es más que conocida la voracidad de poder que padece López Obrador y que lo ha llevado a mentir, traicionar y, en nombre de la democracia —y el pueblo—, destruir la institucionalidad y corromper la vida pública de este país para controlar y someter. A esta insaciabilidad, y a su estilo personal de gobernar, que supera el de cualquier cacique de pueblo, obedecen los insultos, las mentiras y los reiterados ataques, en particular contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, a la que ha tratado como enemiga por defender la autonomía del Poder Judicial.

Ha quedado claro su desprecio por la ley (“no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”) y su permanente pretensión de estar sobre ésta (por encima de la ley está la autoridad moral del presidente). De igual manera, su incomodidad por la división de poderes —particularmente la independencia del judicial—, los órganos autónomos y los contrapesos que exige la propia democracia.

Su objetivo ha sido una presidencia desproporcionada, injustificada y peligrosa que asegure —todavía más— su voluntad sobre cualquier otra, como lo ha demostrado en lo que va del sexenio. Para él, su palabra es la ley, y también para sus adeptos.

La democracia no está en los intereses del morenismo por lo que simulan consultas, encuestas y cualquier patraña donde, sin duda, ganarán. El asunto es simple: el presidente ha dicho que la reforma va y con ello seguirá superando con mucho al viejo y antidemocrático PRI.

A través de las trampas de la popularidad —a cualquier precio por parte de incondicionales—, y la lucha contra la corrupción como señuelo, no es posible procurar justicia.

Hay preocupación porque continúa la alarmante regresión democrática.