Estamos a unos cuantos días de un proceso electoral singular —específicamente en cuanto a la presidencia de la república—, debido a que ciudadanos indignados, críticos y opositores enfrentarán en las urnas al grupo populista, autoritario y antidemocrático.

A estas alturas del sexenio lopezobradorista han quedado claras las promesas incumplidas, las de campaña y también las de su administración. Debido a ello, en sectores informados de la población hay indignación y rechazo a la llamada 4T por convertir la anunciada transformación en lamentable regresión.

Ante un presidente con desmedida ambición de poder —que desprecia la ley y continúa metiendo las manos en este proceso electoral—, sólo la fuerza de los votos puede condicionar las próximas e inequitativas elecciones.

De acuerdo a las circunstancias, y al hecho que los comicios presidenciales también evalúan al Poder Ejecutivo —de forma indirecta—, prevalecen dos posturas.

Unos aseguran que esta competencia es asimétrica, es decir, no existen las mismas condiciones para los participantes; en este caso, entre los dos grupos de partidos que participan, porque Movimiento Ciudadano obedece, preferentemente, a la estrategia oficialista de restar sufragios a la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez. Sin embargo, subestiman o justifican: es cierto que hay ventajas ilícitas para el partido gubernamental, pero esto no es decisivo para el resultado.

En tanto, los defensores de las reglas electorales apuntan hacia una elección de Estado, por la innegable injerencia gubernamental. Al respecto, destacan los apoyos indebidos e ilegales a Morena y sus aliados desde la presidencia de la república, como es constatable. La lista es larga: luego de su “dedazo”, intervención sistemática de López Obrador desde las Mañaneras —como se ha comprobado por las recurrentes e ineficaces amonestaciones del INE y el Tribunal—; manejo clientelista de programas sociales, descalificación presidencial de opositores, uso indebido de recursos públicos, intervención de gobernadores y otras autoridades en favor de la candidata oficial, coacción electoral a través de los Servidores de la Nación, manipulación de medios públicos; en fin, muchas más que, en su conjunto —y por su importancia—, cuestionan la legitimidad del proceso.

Ante ello, la ciudadanía debe ejercer su derecho a decidir, debido a que México no puede depender de la voluntad de un solo hombre que instrumenta partido-gobierno y candidata para justificar un proyecto fracasado e impune que, además, pretende extender.

No perdamos de vista, además, la influencia de las elecciones estatales y locales —en relación a la presidencial—, donde se han multiplicado los escándalos de corrupción morenista. Basta confirmar que en sus listas incluyen y protegen a vario(a)s impresentables que, de inicio, merecerían el repudio popular.

Es necesario, pues, convertir la indignación en votos que sancionen la demagogia, ineptitud y corrupción del lopezobradorismo, así como la continuidad de esta nefasta simulación que padecemos.

Defendamos la democracia, ¡vayamos a votar!