La impunidad que caracteriza al lopezobradorismo también alcanza a la migración, en lo que ha sido calificada como la peor tragedia que se recuerde dentro de una instalación gubernamental.

Hace un año murieron 40 migrantes de diferentes nacionalidades y hubo 27 heridos a causa de un incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, y, de acuerdo con el Consejo Ciudadano del INM (CC-INM), no hay disponibilidad de las autoridades involucradas en reparar el daño, ni disposición para establecer medidas que eviten que esta tragedia se repita.

“Lamentablemente (establece el CC-INM), el Estado mexicano, a través del INM, continúa con su política migratoria de contención, detención, deportación y militarización”.

Todavía están en la mente de muchos mexicanos las dramáticas imágenes de quienes encerrados luchaban contra las llamas y perecieron ante ellas. No obstante, el tiempo pasa y los responsables siguen tan campantes.

Según el INM, se han indemnizado a 29 de 40 familias de los migrantes muertos —quemados—, pero Francisco Garduño Yáñez sigue libre bajo el paraguas de la Cuarta Transformación.

La realidad es que, como se ha difundido, algunos familiares de víctimas, hasta el día de hoy, no han recibido ni una llamada telefónica de las autoridades. Están olvidados.

Y mientras López Obrador continúa con la simulación y ahora regala dinero del erario a migrantes de otros países —como máxima expresión de su fracasada política migrante—, en México siguen las pésimas condiciones donde prevalece el hacinamiento, la inseguridad y la falta de higiene.

En este sentido, se ha dado a conocer que organismos que trabajan por los derechos de los migrantes “exigen desvincular al comisionado del INM (Francisco Garduño) de sus funciones para que exista una investigación y proceso penal independiente, imparcial, y exhaustivo”. En su documento, puntualizan que “lo sucedido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México”.

Esta tragedia nos deja lecciones desalentadoras en cuanto a la política migratoria del actual gobierno que, por cierto, actúa como si no hubiera pasado nada.

No hay corrección del rumbo, por el contrario, se acentúan las carencias, vicios, descuidos e incapacidades de las autoridades nacionales, que además, mantienen en el mando al responsable institucional del incendio. Sí, a Francisco Garduño, quien lo único que tiene a su favor es ser uno de los protegidos —no el único— de López Obrador.

No se respetan los derechos humanos ni de los migrantes, ni se atiende a los deudos.

Política migratoria que victimiza e incluye injusticia e impunidad, misma que habrá de ser enmarcada dentro de la mala broma que llaman Humanismo Mexicano y le atribuyen a López Obrador.

¿Más de lo mismo o peor que antes? Tragedia.