Miguel Ángel Vichique

Narcopolítica y justicia selectiva

Se multiplican señalamientos relativos a entramados de narcopolítica, crimen organizado y corrupción en torno a Morena, López Obrador – e hijos, hermanos y familiares-, Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Mario Delgado, Félix Salgado, por citar sólo algunos; otros gobernadores guindas (Alfonso Durazo, Américo Villarreal – también ex coordinador de campaña de Rocha Moya-, Alfredo Ramírez Bedolla, Marina del Pilar, entre varios; y una serie de políticos “purificados” y cubiertos (Bartlett, Javier Corral -rescatado por Ulises Lara, renunciado por “motivos personales”-, los Yunes, Alejandro Murat, etc.) -por su cercanía con el poder-, de esos que han enterrado cualquier pretensión de superioridad moral, aunque permanezcan dentro del pacto de impunidad gracias al sistema de concentración de poder prevaleciente.

A partir del caso Rocha Moya -donde se protege al demagogo de Macuspana y a su proyecto-, desde la presidencia -que actúa como dirigencia morenista-, se ha ejecutado una defensa poliédrica que combina negación total -a pesar de testimonios y evidencias-; petición de pruebas -negando las existentes-; acusaciones contra supuestos enemigos externos que buscan injerencias - no siempre identificados-; ataques contra contrincantes internos por perversidades imaginarias (para desprestigiar al mensajero e invalidar el mensaje); defensa de la soberanía -léase AMLO, Rocha Moya y acompañantes-, como recurso retórico; pirotecnia y politiquería populista para desviar temas y creación de cortinas de humo; reserva de información inconveniente, persecución, etc.

Esto ayuda a explicar la desconfianza e inseguridad jurídica y la falta de garantías en la impartición de justicia, además de la instrumentación política de la misma, según conveniencia. Se ha vuelto particularmente significativo en el caso del ex gobernador opositor de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por supuesto huachicol fiscal, detenido por la Fiscalía General de la República que preside la lopezobradorista y funcional Ernestina Godoy.

No hay imparcialidad debido, también, a estos hechos: detenido, en medio de escándalos morenistas, precisamente cuando se defiende a Rocha Moya y se cubre a la extraviada Marina del Pilar (exhibida en sus contradicciones y mentiras en los audios); luego de que un juez negó orden de aprehensión contra el hoy detenido, la FGR recurrió a una “jueza del acordeón” quien sí la concedió; la consigna contra Ruffo con, además, afanes propagandistas; maniobras discursivas de Sheinbaum quien defiende a sus indefendibles, refiere a la FGR cuando le muestran evidencias y pruebas que los implican, o bien, ataca directamente a críticos y opositores.

El huachicol creció al servicio del lopezobradorismo (por ello los suyos siguen impunes); existen dos medidas en la instrumentación de la justicia, entre comillas; y la narcopolítica aparece como marca preferente del morenismo.

Hasta hoy, tenemos uso político, simulación legal, justicia selectiva y persecución, de ahí la desconfianza por demás justificada.

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