Luego de las acusaciones y mentiras del Presidente, se termina reconociendo lo evidente: que sí intervino en las pasadas elecciones presidenciales, como confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ahora bien, aunque este organismo confirmó la vulneración de la contienda y el uso indebido de recursos por parte del jefe del Ejecutivo federal, sólo indicó tímidamente que esto ocurrió en tres de sus llamadas mañaneras cuando es ampliamente sabido —y demostrable— que lo hizo de manera abierta, sistemática e impunemente, lo que le llevó a ser considerado el verdadero jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, su corcholata.
De acuerdo con el TEPJF, el tabasqueño “vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad” —además de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido—, lo cual es verdad; lo que no es cierto es que ello ocurrió únicamente en las mañaneras del 21 y 22 de marzo y del 12 de abril de este año. Por supuesto que no, se trata de una práctica presidencial partidista, antidemocrática e ilegal. Como se dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver, y este Tribunal prefiere taparse un ojo y cargar con la vergüenza pública de sus inexactitudes o irregularidades, por llamarlas menos.
Sobre las intervenciones intencionadas, conviene tener presente que hasta finales de febrero —conforme con el registro de procedimientos administrativos sancionadores especiales y ordinarios en materia electoral del INE— se contabilizaban 330 expedientes de denuncias contra López Obrador por violar leyes electorales.
Además, entre 2019 y 2024, ya como Presidente, ha sido denunciado alrededor de 209 veces.
Pero, claro, ante un Presidente agresivo y agresor que descalifica a quien no piensa exactamente como él, o a quien no le rinde tributo, hay instituciones que se acomodan o se hacen de la vista gorda ante el inocultable intervencionismo presidencial que tiene como principal motivación favorecer a su partido, y sus intereses, aun de manera ilegal e ilegítima.
Ante la realidad, al Presidente no le queda otra que acusar y negar: “ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa. ¿En dónde están las pruebas?”. Pues las pruebas están en sus pronunciamientos públicos, al alcance de todos, y en su agenda presidencial tendenciosa.
La mejor broma fue la de su Consejería Jurídica que sostuvo: “los magistrados electorales adjudican a las palabras del Presidente una intencionalidad distinta de lo manifestado”. Vaya humor negro.
Bueno, hasta Morena —el partido fundado por AMLO— reconoció la injerencia presidencial en los pasados comicios.
Urgen ordenamientos jurídicos y mecanismos sancionadores que limiten eficientemente a cualquier Presidente que no se conduzca con la neutralidad e imparcialidad exigidas porque, hasta ahora, puede violar la ley cómo y cuándo quiera sin tener consecuencias significativas. Así, aquello de no mentir, no traicionar, no… Ah, sí, pero en nombre del pueblo.