A pesar de la fallida e inconsistente defensa de la “Corte del Acordeón” que emprendió la titular del Ejecutivo, lo que incluyó repartir acusaciones —junto con algunos morenistas que buscan justificar excesos del presente—, quedó claro el despilfarro que contradice gravemente el discurso y las promesas de quienes llegaron bajo maniobras ya conocidas. De hecho, las críticas sumaron el señalamiento de “La Cuarta Transportación”.
Así, luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la austera, entre comillas), fueron descubiertos adquiriendo nueve camionetas de alta gama (2.4 millones cada una), y debido a la indignación que ello provocó, tuvieron que anunciar que ya no los usarían, y mejor las repartirán entre juzgadores que enfrenten mayores riesgos en su labor.
Trascendió que quienes eligieron marca, precio y demás características fueron el ministro presidente Hugo Aguilar —a quien han presumido como indígena en el cargo—; Lenia Batres, hermana del actual titular del ISSSTE, designada directamente por López Obrador —y quien se define como “La ministra del pueblo”— y, Giovanni Figueroa, dado que pertenecen al Comité de Gobierno que autoriza adquisiciones de la SCJN.
No sirvió de mucho la ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando que, por cierto, tuvo un costo de alrededor de un millón 200 mil pesos. Y qué decir de las 12 togas nuevas con un precio de 300 mil pesos.
Luego del dispendio, y con una credibilidad cuestionada, se vieron obligados a ofrecer una extraviada conferencia de prensa donde mientras un ministro decía que los anteriores se habían llevado camionetas —lo que fue desmentido públicamente por Aguilar—, el propio ministro presidente aseguraba: “estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario” (sic).
Frente a la prensa, a medida que hablaban y buscaban minimizar el asunto, más se exhibían.
En el comunicado 015/2026 de la SCJN, fechado el 26 de enero, se establece que Hugo Aguilar “explicó que la decisión de ministras y ministros de no utilizar las unidades responde a un compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y al establecimiento de criterios de administración eficiente, sin afectar la seguridad institucional ni el funcionamiento del Máximo Tribunal” (recontrasic). Entonces, uno se pregunta: ¿por qué se las compraron?
Quienes recibieron cualidades extraordinarias e inexplicables por parte del oficialismo, al venir de una farsa electoral (para servir “al pueblo”, dijeron), resultaron ridiculizados; no por Calderón ni el neoliberalismo o la derecha, sino por sus propias decisiones. Se pudiera pensar que no había para dónde hacerse y no habría a quién echarle la culpa; sin embargo, el morenismo recurrió al pasado —a la otra Corte—, pero no sirvió para cambiar el foco noticioso.
Fracasó la contención. La simulación había sido revelada y el discurso de austeridad lanzado al piso. Por hacer lo que criticaron, a sus problemas de legitimidad de origen, ya suman los de legitimidad de ejercicio. ¡Vaya fiasco!
