La presidenta Sheinbaum concretó el afán antidemocrático y la venganza, a la vez, del demagogo de Macuspana —a quien reconocen como el “Jefe Máximo” de la mal llamada 4T—, en relación con la farsa de reforma judicial para imponer incondicionales.

Con el Ejecutivo, el Legislativo, y ahora el Judicial, el morenismo oficialista cuenta con los tres poderes, mismos que presenta envueltos en simulación y demagogia.

Se acabó la división y separación de poderes y terminaron los contrapesos formales; luego —también— de la cooptación o desaparición, en su caso, de los llamados organismos autónomos.

Es de sobra conocida la secuencia de hechos que revelan mentiras y transas diversas para imponer a morenistas y convenencieros funcionales que, tendenciosamente, pretenden mostrar como honestos, independientes, profesionales e imparciales.

La instrumentación de cultura indígena no limpió el cochinero del proceso ni la ilegitimidad de los nuevos ministros oficialistas, por más copal que les quemen. Y tampoco el bastón de mando los hace mejores —ni garantiza una actuación íntegra—, ya vimos lo que sucedió con algunos que lo recibieron.

La concentración absoluta de poder, particularmente luego de la trácala de la sobrerrepresentación —y no necesariamente la justicia ni la democracia— animan esta puesta en escena que desoyó las críticas y propuestas de especialistas, analistas, académicos, colegios y ciudadanos, quienes entendieron claramente que si bien hacía falta una reforma al poder judicial —como evidentemente también se requiere en los otros dos poderes—, no se debía caer en el falso dilema promovido desde palacio: que ante corrupción, carencias e ineficiencias observadas, sólo era posible su reforma oficialista, y no otras, no importa que fueran más consistentes, informadas, convenientes y especializadas; esto es, ante las fallas, lo único aceptable, era el cielo y los ángeles que el morenismo debía imponer arbitrariamente —y a cualquier precio—, por el bien “del pueblo” (narrativa a todas luces falsa y rechazable); léase: para acumular más y más poder, al controlar los órganos judiciales y contar con la posibilidad de maniobrar la aplicación de la ley según sus conveniencias. Aun sin Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La naturaleza de los juzgadores no responde a elección popular alguna —y menos a la deslucida y tramposa de donde, afirman, provienen—, sino a exigencias de ética, preparación técnica, mérito, trayectoria, autonomía, entre otras, para entender y hacer cumplir la ley, mismas que descalifica el morenismo.

El nuevo ministro presidente, el lopezobradorista Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que se trata de “sanear al Poder Judicial”, las preguntas son: ¿y quién los va a sanear a ellos?, ¿que los va a purificar? Porque, seguramente, Quetzalcóatl no lo hará.

Los votos nunca han hecho a alguien honesto, ni tampoco los procesos viciados de selección que se presentan falsamente como democráticos.

Consultor. Doctor en Comunicación, y en Ciencias Políticas y Sociales.