Luego del operativo militar realizado por el gobierno norteamericano que tuvo como uno de sus resultados la detención de Nicolás Maduro y su esposa, el gobierno de la 4T se encuentra en una posición particularmente complicada debido a que las tensiones obedecen, también, a su contradictoria política exterior; reiterados señalamientos estadounidenses respecto al peso e influencia del crimen organizado, así como a su insatisfacción -particularmente en lo relativo al enjuiciamiento de políticos y empresarios vinculados-; además, claro, de intereses respecto al tratado de libre comercio.
La política exterior del lopezobradorismo se ha caracterizado por su incongruencia, pues apela a la autodeterminación -conforme a conveniencias e intereses ideológicos-, y voltea para otro lado, sin importarle realidades antidemocráticas y violación a derechos humanos. Así ocurrió, por ejemplo, cuando Maduro se robó las elecciones y la hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lo demostró.
La instrumentación de las relaciones exteriores con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Colombia y Nicaragua, han cuestionado el rol de México como socio confiable ante Estados Unidos, convirtiéndose en una vulnerabilidad.
Habrá que considerar, igualmente, señalamientos respecto a corrupción y participación del chavismo-madurismo en cuanto al tráfico de estupefacientes, así como las insistentes referencias sobre la colusión de ciertos políticos mexicanos con cárteles de la droga.
Recientemente, Vladimir Gessen Rodríguez, expresidente de la Comisión Antidrogas del Congreso de Venezuela, manifestó: “Por tierra, de México hacia Estados Unidos es por donde llega la mayor cantidad de droga; incluso la que pueda producir Venezuela pasa por México, con algunos de los acuerdos entre los cárteles mexicanos y venezolanos”.
Durante mucho tiempo, autoridades norteamericanas han advertido sobre el crecimiento de estos grupos criminales, incluso, bajo el amparo de “Abrazos, no balazos”. No son gratuitos, pues, calificativos como narcogobierno, asociados al morenismo.
Como dato ilustrativo tenemos que Andrés López Obrador llegó a asegurar: “nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo”. Sin embargo, posteriormente, tuvo que aceptarlo.
En octubre pasado, el exdirector general de gobierno del DF y exdelegado de la Secretaría del Bienestar en Morelos -durante el sexenio de López Obrador-, y actual diputado morenista, Hugo Eric Flores, causó un escándalo por declarar: “70% de este país está tomado por el narcotráfico”.
La situación es compleja y seria, y no sólo obedece al estilo de comunicar del presidente Trump, sino también a sus acciones.
Para gestionar tensiones, resulta prudente aprovechar posibilidades de colaboración en torno a mayor seguridad y disminución de violencia, lo que exige mejor combate al narcotráfico, sobre todo en cuanto a vínculos de políticos, donde no se ha llegado. Sin embargo, esto parece exigir, a la vez, correcciones y enjuiciamiento de morenistas. ¿Será?