Los acontecimientos relacionados con el huachicol fiscal —que se suman a las sospechas de corrupción de morenistas— involucra a varios personajes de la Secretaría de Marina —parte del gabinete legal del Poder Ejecutivo—, ante lo cual se han registrado generalizaciones que tienden a condenar o absolver, dificultando la comprensión del fenómeno, a partir de la condición humana e institucional.
Esto tiende a complicarse por las manipulaciones políticas e ideológicas del lopezobradorismo. Recordemos que, ante su titular de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, el entonces presidente López Obrador, dijo: “Se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los puertos, no es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos. Imaginemos que sólo los servidores públicos pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada, de plata o plomo”. Esto, evidentemente, no puede ser asumido como un dogma, y menos dentro de una retórica tramposa.
Por supuesto, sin la debida supervisión y control —independientemente de que existan o no otras motivaciones—, no hay institución, per se, que permanezca blindada de fenómenos nocivos, pues hay quienes pueden participar —e intervienen— en dinámicas corruptoras para la obtención de beneficios, sobre todo cuando se sienten protegidos y confían en su impunidad. Y esto favorece que la corrupción crezca, y expanda sus redes y complicidades.
Esto es lo que observamos y confirmó el discurso del almirante Raymundo Morales, durante el pasado desfile militar.” Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad -sostuvo- que pusimos ante la ley, ante la conciencia y escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podrían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo”.
Y añadió: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más, y absolutamente imperdonable, callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos los que dimos el golpe de timón”.
Esta autocrítica ayuda, aunque no desaparece el daño y las secuelas que permanecen ocultas. Se ha informado de detenciones, muertes y cantidades exorbitantes de dinero, pero faltan muchas precisiones, hay muchas preguntas sin contestar, en medio de un clima de desconfianza justificada respecto a que se llegue, deveras, hasta las últimas consecuencias.
Es verdad que no se puede juzgar determinantemente a una institución por la corrupción de varios de sus miembros, pero también lo es que los actos reprobables de estos dañan la reputación de la misma. Deben implementarse medidas eficientes para que no se vuelvan a repetir, así como exigirse la aplicación de la ley, al margen de favoritismos y conveniencias políticas.
Ojalá que la Secretaría de Marina supere olas de politización e ideologización y combata la corrupción y los excesos con integridad para mantenerse como una institución eficiente y confiable para bien de todos.
Consultor. Doctor en Comunicación, y en Ciencias Políticas y Sociales
