Los esfuerzos gubernamentales prometidos para atender eficiente y transparentemente la realidad de los desaparecidos, resultaron ser una mentira más del demagogo de Macuspana que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2024, acumuló 51 mil personas desaparecidas más, una por hora. Y, conforme a TResearch, los desaparecidos por sexenio (no localizados), fueron: Fox (811); Calderón (17 mil 54); Peña (34 mil 557); y López Obrador (52 mil 575), imponiendo otro de sus lamentables récords.
Y el número sigue creciendo. De hecho, luego de haberlo pospuesto, finalmente —poco antes de Semana Santa—, Sheinbaum presentó un informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas donde se afirma que —de 2006 a la fecha— son 130 mil 178 las personas desaparecidas; de las cuales, 46 mil 742 no tienen carpetas de investigación, debido a que no cuentan con datos completos.
Este informe oficial fue cuestionado por organizaciones de madres buscadoras y defensores de derechos humanos, particularmente en cuanto a actividad gubernamental y cifras reportadas (y/o reclasificadas).
También, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada decidió solicitar al Secretario General que remita la situación a la Asamblea General. Asimismo, “concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”. Además, agregó que solicitó a la Asamblea “considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”.
El gobierno rechazó el reporte del Comité y lo calificó de “tendencioso”. El comunicado de Gobernación sostiene: “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Y, la funcional CNDH —anteriormente organismo autónomo—, se sumó al discurso oficialista.
Sin embargo, hay organismos no gubernamentales que apoyan la resolución del Comité —que busca ayudar y complementar—, a quien consideran aliado. Aun más, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México admitió “la gravedad de las desapariciones forzadas como violaciones a derechos humanos y la necesidad de reforzar las acciones del Estado mexicano para garantizar verdad, justicia y medidas de no repetición”.
Dolió el reporte del Comité de Naciones Unidas sobre desaparecidos, donde no alcanza la propaganda populista, por lo que urge asumir la verdadera dimensión de este problema; y el ineficiente gobierno —tan falto de autocrítica— tendría que enfrentar la realidad, muy a su pesar.