La mayoría de las mujeres esperan con ansia que el día del nacimiento de su hija o hijo sea uno de los más felices de sus vidas. Sin embargo, para un gran número de mujeres esa ilusión desaparece rápidamente cuando enfrentan la experiencia de dar a luz en los hospitales de salud pública. Al respecto, es común escuchar a mujeres que narran historias de negligencia, abuso psicológico, agresiones físicas, procedimientos innecesarios y falta de atención médica a manos del personal de salud de diversas instituciones públicas. A esta forma de violencia estructural y de género se le conoce como violencia obstétrica.

Desafortunadamente, nuestro estado ocupa el deshonroso 4o lugar nacional en violencia obstétrica de acuerdo con la ENDIREH y diversos hospitales queretanos han recibido recomendaciones debido a la violencia ejercida en contra de las mujeres, entre ellos el Hospital del Niño y la Mujer, El Hospital Regional No. 1 y el Hospital General de Zona No. 3, en San Juan del Río, ambos del IMSS y el Hospital General del ISSSTE.

El artículo 20 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Querétaro, señala que la violencia obstétrica es toda conducta, acción u omisión del personal de salud en contra de las mujeres, que no respete sus decisiones o que las discrimine de cualquier manera, durante el embarazo, parto o relacionada con la maternidad o reproducción, que les cause daño, dolor, incomodidad e incluso la muerte.

Estas conductas incluyen tratar a las pacientes de manera insensible o despectiva; realizar procedimientos médicos, como cesáreas, esterilización forzada o colocación de dispositivos intrauterinos, sin su consentimiento; negarle el acceso a métodos anticonceptivos; proporcionarle información incompleta, falsa o limitada y obligarla a permanecer en la misma posición o impedir el parto vertical.

La ley obliga a que todo el personal médico proporcione sus servicios con perspectiva de género, respetando la autonomía reproductiva, independencia, pudor y dignidad de las mujeres. También prohíbe que sus parejas o familiares autoricen procedimientos o tomen decisiones cuando la mujer puede hacerlo por sí misma o que le impidan cargar a su bebé o amamantarle inmediatamente después de nacer, sin que exista una causa médica justificada.

Dar a luz debe ser una experiencia libre de violencia, en la que las mujeres puedan ser acompañadas por sus parejas o familiares (lo que no ocurre en los hospitales públicos) y en la que se sientan escuchadas y sean atendidas por personal médico capacitado. La responsabilidad de las y los profesionales de la salud es propiciar un entorno en el que las pacientes se sientan respetadas, seguras y en control de su cuerpo en todo momento.

Las autoridades de salud deben tomar cartas en el asunto para erradicar las prácticas violentas que suceden en los hospitales queretanos. Una deuda con las mujeres que se niegan a saldar.