Las últimas semanas han traído consigo noticias de importancia para las mujeres.

En primer lugar se confirmó que las dos fuerzas políticas más importantes del país serán encabezadas por mujeres en las elecciones del 2024. Por Morena, PT y el Verde, Claudia Sheinbaum y por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez. Ambas llegan con un enorme apoyo y traen la mesa visiones muy distintas. Si MC se anima y postula a una de las muchas mujeres mujeres que militan en sus filas, como Patricia Mercado, tendríamos una contienda inigualable.

Por otro lado, el 6 de septiembre, la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en Revisión 267/2023 y otorgó la protección de la justicia federal a GIRE, una organización civil enfocada en la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta resolución, que declara la inconstitucionalidad del tipo penal de aborto en el Código Penal Federal, abrió la puerta a su despenalización en todo el país.

En su determinación la 1ª Sala manifiesta que las disposiciones penales que criminalizan el aborto voluntario y castigan al personal de salud que realiza los procedimientos, son inconstitucionales porque anulan por completo diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a decidir libremente ser madre o no, la dignidad humana, la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación.

Tal vez lo más relevante de esta sentencia es que la y los ministros que integran la 1ª Sala fueron enfáticos en señalar que “la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio”. Es decir, la maternidad debe ser una elección y nunca una imposición o un castigo.

Queda ahora esperar a que el Congreso de la Unión cumpla con la sentencia y erradique del Código Penal el delito de aborto. También esperamos que el ejecutivo federal instruya a las instituciones de salud pública, para realizar estos procedimientos de forma gratuita y segura en sus clínicas y hospitales.

En tanto esto sucede espero que las y los legisladores queretanos pongan sus barbas a remojar y no esperen a que les lean la cartilla para cumplir con sus obligaciones constitucionales como ocurrió en Aguascalientes. Ya es hora de que les entre en la cabeza que su deber es legislar, no imponer sus visiones morales y religiosas a la ciudadanía.

Las y los diputados de la LX Legislatura deben dejar de lado sus prejuicios moralinos y entender que un derecho humano nunca debe ser criminalizado. Su obligación constitucional es garantizar los derechos humanos de toda la población, incluso de aquellas personas que sostienen opiniones contrarias a las suyas.

Y que no olviden, es tiempo de mujeres.