El poder de un estado democrático está sustentando en la capacidad de su ciudadanía de gozar de la protección, respeto y garantía de todos su derechos humanos. Los objetivos primordiales de un gobierno democrático deberían girar alrededor de la dignidad humana, la igualdad y el bienestar social, económico y cultural de todas las personas que viven en su territorio.

El Día Internacional de los Derechos Humanos se conmemora el 10 de diciembre, fecha en la que, en 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó el documento más trascendente en la historia de la paz mundial, la Declaración Universal del Derechos Humanos. La redacción de esta proclamación mundial fue liderado por notables, hombres y mujeres, de diversos países, sin embargo fue gracias al liderazgo de Eleanor Roosevelt, que se logró el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres en la Declaración.

Han transcurrido 75 años desde ese momento tan importante para la historia de la humanidad y, si bien ha habido grandes avances en la protección de los derechos humanos, debemos reconocer que en ninguna institución gubernamental ha logrado suplir o superar el papel que la sociedad civil juega en su defensa y promoción.

Desde hace décadas, el reclamo de la comunidad social internacional ha sido el reconocimiento del derecho a tener derechos, frase acuñada por Hannah Arendt, a raíz de las violaciones a los derechos humanos de las personas judías en la Alemania nazi.

El derecho a tener derechos, considera que todos las personas, sin excepción alguna, deben ser reconocidas como sujetas de derechos, lo que además les permite reclamar y exigir que estos sean protegidos, respetados y garantizados. Esta visión del derecho internacional de los derechos humanos presta especial atención a las personas que pertenecen a grupos marginalizados. Por años mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, la comunidad LGBT, indígenas, afrodescendientes, migrantes y adultas mayores, han sido objeto de discriminación, falta de oportunidades y violencia, en muchas ocasiones a manos de quienes tienen la obligación de garantizar esos derechos.

El 10 de junio de 2011, nuestro país transitó de uno que otorgaba garantías a uno que reconoce los derechos humanos. En otras palabras México reconoció nuestro derecho a tener derechos. La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, consagrada en la Constitución, se rige por los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, impone a todas las autoridades en el ámbito de su competencia la responsabilidad de diseñar mecanismos jurídicos idóneos para su salvaguarda. Esta obligación conlleva el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La dignidad humana, la libertad, la igualdad y el acceso a oportunidades para el desarrollo pleno se centran, sin lugar a duda, en nuestro derecho a tener derechos.