La negativa férrea de algunos legisladores conservadores de discutir, y en su caso llevar al pleno la modificación del Código Penal estatal en materia de aborto, otra vez coloca en la discusión pública un tema que hace mucho debió haber sido superado: la despenalización hasta las 12 semanas y la regulación de su acceso.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la interrupción legal del embarazo (ILE) debe garantizarse como una medida para proteger el derecho humanos de las mujeres a decidir su maternidad de manera elegida bajo condiciones médicas que le permitan llevar a término un embarazo o interrumpir el proceso de gestación, si así lo desea.

La negativa de la LIX Legislatura de Querétaro para discutir la necesidad de reformar el Capítulo V de la ley sustantiva penal vigente en nuestro estado, lo convierte en letra muerta ya que, debido a que la inconstitucionalidad de la norma impide castigar a las mujeres que deciden abortar, también impide castigar la interrupción del embarazo causada en contra de la voluntad de la mujer como consecuencia de actos de violencia o impuesta por una pareja.

Realizar un revisión profunda de la necesidad de reglamentar la ILE y castigar la interrupción ilegal permitiría redactar una norma cuya aplicabilidad sea realmente eficiente. Hacer refritos de la norma de la Ciudad de México (como propone el diputado Arturo Maximiliano) solo traería consigo los problemas que, en este momento, se pretenden resolver en la capital del país. Aprobar el adefesio que presentó Paul Ospital equivaldría a no hacer nada. Una reforma bien planteada incluye la revisión del lenguaje para que este sea incluyente y no sexista, la aplicación de la perspectiva de género y el análisis del impacto diferenciado que castigar el aborto tiene en las mujeres de diversas regiones de nuestro estado desde una visión interseccional.

El delito no debe desaparecer del Código Penal, debe renombrarse correctamente para evitar la estigmatización de mujeres que han abortado de manera espontanea. Lo que se debe castigar no es el aborto voluntario, es la interrupción ilegal del embarazo. Lo que se debe perseguir no es el ejercicio de la sexualidad de las mujeres, sino la terminación del embarazo sin su consentimiento, por imposición o como consecuencia de las lesiones causadas por su pareja.

No me cansaré de repetir que la legislatura negativa de los legisladores de escuchar a las especialistas constituye un acto de omisión que impide la construcción una reforma integral, adecuada a la realidad del Querétaro de siglo XXI.

La norma que castiga el aborto en todos los casos menos cuando el embarazo es producto de la violación, mantiene a las mujeres queretanas, especialmente a las más jóvenes, a las más pobres y a las más desprotegidas, en una ciudadanía de segunda clase que les impide el ejercicio pleno de su autonomía.

Titular de Aliadas Incidencia

Estratégica e integrante de la

Red Nacional de Alertistas.

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