El poder de un estado democrático está sustentando en la fuerza de sus instituciones por lo que el tipo de democracia que le rige siempre será directamente proporcional al goce, protección, respeto y garantía de los derechos humanos de toda su población. De ahí que la construcción de la democracia debe tener como objetivos primordiales la igualdad, no solo política, sino social, económica y cultural, de quienes dan cuerpo a un Estado.
Desde hace décadas el reclamo de garantía, respeto y protección de los derechos humanos ha sido articulado por una sociedad que busca mejorar las condiciones de todas las personas que viven en condiciones de desventaja.
Ninguna institución ha logrado suplir o superar el papel que la sociedad civil juega en la defensa y promoción de nuestros derechos. Es por eso tan importante que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro realice su labor de protección y promoción desde una perspectiva ciudadana. Sin embargo, a lo largo de su historia la Defensoría se convirtió en una institución rígida y burocrática que dejado de lado su vocación primigenia de colocar en el centro de sus acciones a la persona y la protección de sus derechos.
La única manera de garantizar la protección neutral, objetiva e independiente de los derechos humanos frente a las autoridades es contar con una Defensoría verdaderamente autónoma, que cuente con la confianza ciudadana.
La defensa de los derechos humanos debe ser la piedra angular de la transición de nuestro país hacia una democracia participativa que crece y madura conforme se garantiza el goce pleno de los derechos de cada hombre, mujer, niño y niña.
Esto sólo es posible si la Defensoría se construye sobre una base sólida que nos permitan transitar hacia una sociedad donde prive la igualdad enmarcada en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano que establecen la obligación de implementar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación en la vida pública y privada a fin de asegurar a todas las personas el ejercicio sin obstáculos de sus derechos, especialmente a aquellas personas que de manera constante los ven vulnerados.
El principio de progresividad de los derechos humanos impone a todas las autoridades en el ámbito de su competencia la obligación de diseñar los mecanismos jurídicos idóneos para su salvaguarda cuidando en todo momento el avance de la satisfacción de los mismos, la reparación del daño y la sanción para las y los servidores públicos que violenten los derechos de la ciudadanía.
La elección de la Presidencia de la Defensoría presenta a los y las diputadas de la LX Legislatura la oportunidad de escuchar las voces y reclamos de la ciudadanía y nombrar a una persona emanada de ésta que pueda lograr su verdadera transformación.
Titular de Aliadas Incidencia Estratégica e integrante de la Red Nacional de Alertistas.
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